En LA PRENSA hemos sido comprensivos de la relación del Cosep con el Gobierno. La entendemos como una actitud inteligente y realista, primero para neutralizar el impulso destructivo que podría tener Daniel Ortega contra la empresa privada, como lo tuvo en los años ochenta; y segundo porque contribuye a mantener la estabilidad macroeconómica y a crear un apropiado clima de inversiones y negocios en el país.
Sin embargo hay que estar claros del riesgo de asociarse con un régimen autoritario y corrupto, como es el de Daniel Ortega. La llamada asociación público privado no se ha inventado en Nicaragua. Esa política la practican en otros países gobiernos democráticos que actúan con transparencia y buena fe, pero también regímenes autoritarios y corruptos cuyo objetivo es neutralizar al empresariado, o captar su apoyo para fortalecer los negocios de los mismos gobernantes y asegurar su permanencia en el poder.
La experiencia demuestra que los regímenes corruptos y autoritarios aprovechan la asociación público privado para manejar bien la economía nacional, pero sobre todo para llevar a los empresarios —o una parte de ellos— a participar en cualquiera de las diferentes formas de la corrupción gubernamental. La asociación con el Gobierno facilita a algunos empresarios tener acceso a información y relaciones privilegiadas, que les permiten hacer buenos negocios y tener rápidas ganancias. Sin embargo estos beneficios son para unos pocos y la verdad es que resulta mejor y más seguro hacer negocios al amparo de un Estado de derecho y reglas transparentes, donde el lucro depende de la capacidad empresarial y del clima de competitividad, no de privilegios estatales ni arreglos por debajo de la mesa.
Como una experiencia internacional que vale la pena aprovechar en Nicaragua, cabe mencionar la de Argentina, donde durante el régimen kirchnerista que terminó recientemente se practicaba una variedad corrupta del asocio público privado. Sobre esto el diario La Nación advirtió en una ocasión, que “ninguna economía del mundo puede prosperar realmente si sus empresarios consideran que el mejor negocio pasará por su cercanía al poder y su afinidad con los gobernantes de turno. El capitalismo de amigos podría resultar sustentable para unos pocos por un lapso determinado, pero nunca para la sociedad en su conjunto”.
Para alertar sobre esas situaciones y también para cumplir nuestro deber de fiscalizar desde la sociedad el manejo de los recursos públicos, LA PRENSA realiza investigaciones como la publicada la semana pasada, sobre una extraña firma privada de construcción beneficiada con un préstamo millonario del INSS para un proyecto residencial que fue desarrollado por otra empresa constructora, perteneciente al representante empresarial en el Consejo Directivo de la institución de seguridad social.
Al respecto el presidente del Cosep anunció que se creará una comisión para aclarar el caso y reglamentar éticamente la participación de los representantes del sector privado en el Estado. Se trata de una decisión muy importante porque la empresa privada tiene la obligación de velar por la transparencia y la legitimidad ética del funcionamiento del Estado, pero ante todo de sus propias actuaciones y relaciones con el Gobierno.
