El juicio especial contra el exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, programado para este lunes 11 de enero, se suspendió debido a que hay al menos cuatro recursos pendientes de ser resueltos, informaron a Acan-Efe fuentes judiciales.
Uno de sus defensores del exdictador, Jaime Hernández, explicó a Acan-Efe que uno de los amparos fue presentados por ellos y en el exigen el fin de la persecución penal y la aplicación «total» del decreto del Congreso 8-86, porque «no puede ser que los guerrilleros estén amnistiados y los militares no».
Los otros tres amparos fueron presentados por los querellantes en el proceso contra Ríos Montt, dijo el abogado.
Ríos Montt, de 89 años, y quien padece de demencia vascular mixta irreversible, está acusado de los delitos de genocidio y lesa humanidad, ya que según el Ministerio Público (MP-Fiscalía) es el responsable de una matanza de indígenas mayas-ixiles que se produjo durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983.
En este crimen de guerra murieron 1,771 indígenas ixiles del departamento noroccidental de Quiché a manos del Ejército.
El juicio “especial”, programado por el Tribunal “B” de Mayor Riesgo para las 8:30 hora local, se realizaría a puerta cerrada, sin los medios de comunicación, y estaba caracterizado por la ausencia del exjefe de Estado, quien esperará la decisión de la Justicia desde su casa.
Su delicado estado de salud provocó que el Tribunal decidiera el pasado mes de julio conceder a sus defensores la posibilidad de representar a su patrocinado, cuya “incapacidad” para comparecer en un juicio oral y público fue establecida por el estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y admitida por la Justicia.
En agosto el Tribunal programó para el 11 de enero de 2016 el nuevo juicio, que de acuerdo con la Ley, sería a través de la denominada “aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección”, es decir, a puerta cerrada, solo con presencia de los jueces, acusados, querellantes y víctimas, sin medios de comunicación.
El exmilitar ya había sido condenado en 2013 a ochenta años de prisión por genocidio, pero días después el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, anuló la sentencia por considerar que existieron irregularidades en el proceso judicial.
