En esta ocasión del Día de los Derechos Humanos que se celebra el 10 de diciembre de cada año, está dedicado al lanzamiento de una campaña de un año de duración para conmemorar el quincuagésimo aniversario de los dos pactos internacionales de derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.
Conmemorar estos dos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos es oportuno ya que en Nicaragua existe una crisis en derechos humanos producto que se ha venido promoviendo un proyecto personal de un poder político centralizado en mano de una sola persona, el cual ha traído como consecuencia la destrucción a la independencia en sus funciones y decisiones de las instituciones públicas, otros poderes del Estado, gobiernos municipales y de las Regiones Autónoma de la Costa Atlántica; generándose la injusticia, la indolencia y la impunidad que es uno de los problemas más acentuado en la tutela de los derechos humanos de los nicaragüenses; afectándose, la democratización, la paz social y la consolidación de un auténtico Estado de Derecho.
Se ha reformado la Constitución Política de Nicaragua en el sentido de permitir una reelección indefinida en la presidencia del Poder Ejecutivo con funciones administrativas más amplias como dictar decretos ejecutivos así como validar concesiones en contra de la voluntad de sus ciudadanos que lesionan abiertamente la soberanía de Nicaragua, como es el caso de la construcción de un Canal Interoceánico, al igual que otras violaciones. En igual sentido se ha reformado la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de la Policía Nacional y el Código Militar, que promueven que el nombramiento y permanencia en su cargo tanto de la directora general de la Policía Nacional (PN) como del jefe del Ejército de Nicaragua, depende a discreción y conveniencia del presidente del Poder Ejecutivo dejando al Ministerio de Gobernación sin rol de control y funciones en el caso de la PN de Nicaragua, la cual se ha convertido en sus actuares en una institución policial partidaria, y en igual forma el Ejército de Nicaragua, cercenando el profesionalismo e institucionalidad de ambos cuerpos, en el compromiso de respetar la Constitución Política de Nicaragua y las leyes impidiendo el accenso según la línea de sucesión de estas instituciones.
Las anteriores circunstancias sustentan que el gobierno del Estado de Nicaragua tiene como único objetivo perpetuarse en el poder y para ello no hace el esfuerzo en asegurar la independencia y transparencia del poder electoral y así garantizar el respeto al voto popular y el ejercicio de los derechos políticos como un derecho humano fundamental de los nicaragüenses sin excepción. El Estado de Nicaragua, de forma permanente ha venido violentando los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los nicaragüenses tutelados en la Constitución Política de Nicaragua, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Siempre habrá la oportunidad de que el Estado de Nicaragua retome su compromiso en garantizar las libertades fundamentales y a proteger los derechos humanos de todos los nicaragüenses.
El autor es Abogado Especialista en Derecho Laboral y Constitucional con mención en Derechos Humanos.
