Tres de los cuatro campesinos acusados y procesados por el asesinato de cinco policías — hecho sangriento ocurrido el 16 de agosto pasado en una comunidad rural del Caribe Sur—, fueron condenados a 35 años de prisión cada uno.
Pero, esta severa condena de prisión que es mayor que el máximo de treinta años de presidio establecido en la ley, ¿significa que se ha hecho justicia?
En realidad, por todas las irregularidades que se cometieron en el proceso judicial, denunciadas por los familiares de los acusados y los organismos de derechos humanos, lo que ha quedado flotando en el ambiente es la duda de que se haya hecho justicia verdadera.
Desde su captura hasta la sentencia condenatoria, a los campesinos acusados se les violaron prácticamente todos sus derechos procesales, que son precisamente la garantía de que el juicio sea justo y no una acción de revancha, castigo y condena de inocentes en vez de culpables.
La impresión que ha quedado de este juicio es que se ha sacrificado a chivos expiatorios y que se ha querido ocultar que el asesinato de los policías fue un hecho político, cometido por nuevos contras alzados en armas contra la dictadura orteguista. Y sobre todo queda la certeza de que en Nicaragua no hay verdadera justicia, porque el poder judicial está sometido al poder político que desvirtúa su naturaleza y su función esencial.
Ningún crimen debe quedar sin que se haga justicia, cualesquiera que sean la víctima y el victimario. Pero antes de sentenciar a un acusado y precisamente para condenarlo en base de la recta justicia, la autoridad judicial debe respetar las garantías del debido proceso, lo cual no se ha hecho en este caso y en ningún otro de los últimos años que han tenido alguna connotación política.
Las garantías del debido proceso son una conquista histórica de la humanidad, después de muchos siglos de farsas judiciales y monstruosos procesos —como los de la Inquisición y el estalinismo—, en los cuales muchísimas personas inocentes fueron condenadas y sacrificadas.
En el sentido moderno y humanista de la justicia, antes de sentenciar a una persona acusada hay que investigar minuciosamente los hechos, desentrañar la verdad y resolver con independencia de criterio. Esa es la única manera justa de condenar o absolver, de conformidad con las pruebas que se produzcan y más allá de toda duda razonable, en una investigación independiente, seria, responsable, sincera y veraz.
Pero, ¿quién puede asegurar que esos requisitos indispensables de la justicia se han cumplido con los campesinos condenados por el asesinato de los policías y en otros casos de igual significación política?
Cuando se hace justicia correctamente, no se puede borrar el mal que ha sido causado a las personas y a la sociedad. Pero queda la certeza y la esperanza de que la justicia es una instancia válida y honorable, a la que se puede acudir con la confianza de que siempre habrá una justa respuesta. Lo cual, lastimosamente, no sucede ni puede ocurrir con la “justicia” orteguista de Nicaragua.
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