La marcha contra el Canal Interoceánico chino en Nicaragua y la contramarcha de los partidarios del Gobierno, realizadas en Managua el martes de la presente semana, emitieron señales políticas muy claras.
La marcha contra el Canal demostró que los campesinos y las demás fuerzas sociales que rechazan ese megaproyecto y demandan la abrogación de la Ley 840 por considerar que lesiona la soberanía nacional, no están dispuestos a ceder, por mucho empeño que ponga el Gobierno en tratar de disuadirlos mediante el engaño o la represión. A su vez, la contramarcha oficialista demostró que el régimen orteguista es rabiosamente intolerante ante cualquier demostración pública de gran magnitud que cuestione sus proyectos estratégicos.
Pero además la marcha y la contramarcha emitieron otra señal, que quizás no fue tan evidente pero tiene mayor significación para toda la sociedad nicaragüense. Esta es la de que se ha roto —o está a punto de romperse definitivamente— el tejido de la reconciliación nacional que con muchos esfuerzos y resolviendo complejas contradicciones se pudo lograr durante el período de la posguerra y la democratización, en los años 1990 a 2007.
En realidad, este martes se pudo ver claramente que las fuerzas represivas del orteguismo estaban dispuestas a impedir inclusive a balazos, que los campesinos avanzaran hacia la Asamblea Nacional, en el centro de Managua, donde habían programado finalizar su actividad. Por su parte, los campesinos tenían la disposición de seguir hacia adelante a cualquier costo, pues, como muchos de ellos dijeron, si habían podido vencer todos los obstáculos que la Policía puso en su camino nadie podría impedir que llegaran hasta la meta que se habían fijado.
Afortunadamente la prudencia de los organizadores de la marcha, que decidieron no insistir en el avance hacia el centro de la ciudad y desviarse a Bello Horizonte, evitó que ocurriera otra tragedia igual o parecida a la del 22 de enero de 1967, en tiempos de la dictadura somocista.
Sin embargo, la ruptura del proceso social y político de la reconciliación nacional es alarmante. Gracias a la reconciliación nacional, que es un compromiso nacional con la comunidad internacional establecido en los Acuerdos de Esquipulas II de 1987, fue que se pudo lograr no solo el proceso de democratización de Nicaragua de 1990 a 2007, sino también la recuperación y el crecimiento de la economía, la reducción de la pobreza y la prosperidad que disfruta algún sector social en particular.
La falta del soporte de la reconciliación nacional echaría al suelo esos logros históricos. Precisamente por esa sombría perspectiva fue que los obispos de la Iglesia católica le pidieron a Daniel Ortega, en su carta del 21 de mayo de 2014, que dialogue con la oposición y acuerde con ella un plan nacional para la reconstrucción de la institucionalidad democrática. Pero Ortega no ha querido atender la petición y sugerencia de los prelados.
Es asombroso, aunque comprensible, que Ortega y quienes lo sostienen en el poder no puedan darse cuenta de algo tan fácil de entender, como es el peligro que significa para todos —y sobre todo para ellos mismos—, la ruptura del logro histórico de la reconciliación nacional. Tal vez una guerra como la de los años ochenta no se vuelva a producir. Pero la violencia, que es como una hidra de mil cabezas, podría estallar y manifestarse de cualquier otra manera.
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