Este domingo 25 de octubre habrá elecciones presidenciales en Guatemala y Argentina.
En Guatemala será la segunda vuelta electoral, en la cual compiten los dos candidatos que quedaron en primero y segundo lugar en la primera ronda realizada el 6 de septiembre pasado: Jimmy Morales, de centro derecha, quien obtuvo el 23.99 por ciento de los votos; y Sandra Torres, socialdemócrata, que alcanzó el 19.75 por ciento.
Para la elección de mañana todas las encuestas dan como favorito a Morales, con ventaja en algunas de hasta más de treinta puntos porcentuales. Sin embargo, la encuesta definitiva será la votación popular de mañana.
En Argentina la elección presidencial es también a dos vueltas, pero no hay necesidad de segunda votación si uno de los candidatos obtiene como mínimo el cuarenta por ciento de los votos y su ventaja sobre el segundo lugar es de diez puntos o más. En la elección de mañana el candidato mejor situado, según las encuestas, es el oficialista Daniel Scioli, populista de izquierda pero menos radical que la presidenta saliente Cristina Kirchner. Scioli tiene un poco más de 38 por ciento de intención de voto, y su principal contendiente, el político democrático de centroderecha, Mauricio Macri, lo sigue con más o menos el treinta por ciento. De manera que es posible que haya necesidad de ir a una segunda vuelta, que sería el próximo 22 de noviembre.
Sin duda que para los ciudadanos de Guatemala y de Argentina es muy importante el resultado las elecciones de mañana. Pero la continuidad del sistema democrático de gobierno está asegurada en ambos casos.
A lo largo de todo el desarrollo de los procesos electorales en esos dos países, nadie cuestionó su limpieza ni mencionó que pudiera haber alguna posibilidad de que se haga fraude en el conteo y la distribución de los votos.
Tanto en Guatemala como en Argentina, las elecciones son organizadas por instituciones que no están supeditadas a ningún otro poder del Estado. En los dos países los ciudadanos irán a votar con la seguridad de que su voluntad política será respetada y que el ganador y próximo gobernante será aquel que reciba más votos populares.
Eso hace una enorme diferencia con Nicaragua, donde el órgano electoral del Estado está sometido a un autócrata de ambición desmedida que tiene la pretensión de perpetuarse en el poder. Aquí, desde ahora hay la certeza de que en las votaciones del primer domingo de noviembre de 2016, los votos de los ciudadanos que decidan ir a votar no serán contados o distribuidos correctamente, sino asignados de conformidad con la voluntad del dictador ejecutada por el Consejo Supremo Electoral.
Desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial como resultado de las elecciones de 2006 y a consecuencia de la división del voto liberal; y de que gracias al pacto con Arnoldo Alemán pudo concentrar en sus manos todos los demás poderes del Estado y organismos de gobierno, en Nicaragua ya no hay elecciones justas y transparentes.
Y por ahora tampoco hay ninguna posibilidad de un cambio de gobierno, que es condición indispensable para que funcione la democracia republicana. A menos que por obra de un milagro político Ortega aceptara la demanda de la oposición y la sociedad, de que las próximas elecciones sean auténticas y transparentes.
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