La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resuelto pedir medidas cautelares para la protección de la vida y la integridad física de más de 1,500 indígenas de diversas comunidades miskitas nicaragüenses. Sin embargo, el Gobierno de Nicaragua no muestra voluntad de acatarla y seguramente no la atenderá, como tampoco ha atendido otras resoluciones del organismo protector de los derechos humanos en las Américas que en principio son de cumplimiento obligatorio por los Estados miembros de la OEA.
En la audiencia pública del 156 período de sesiones de la CIDH, que se desarrolla en Washington desde el 17 hasta el 28 del corriente mes de octubre, defensores de los derechos humanos en el Caribe de Nicaragua acompañados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), denunciaron que desde el 2014 han muerto violentamente 27 indígenas, a manos de colonos armados que ocupan ilegalmente tierras de las comunidades aborígenes.
Pero también algunos colonos han muerto en enfrentamientos con indígenas que se han armado para defender sus tierras comunitarias ancestrales. Además, algunas viviendas de familias de ambas partes han sido incendiadas y muchas personas han tenido que abandonar sus hogares y refugiarse en poblados cercanos.
A pesar de todo eso, en la audiencia de la CIDH los representantes del Gobierno de Nicaragua negaron la existencia del conflicto. Ellos alegaron que los únicos problemas de violencia que ocurren en los territorios indígenas son por motivos particulares: rencillas personales y disputas de herencia, violencia intrafamiliar, actividades de bandas de criminales y delitos que cometen algunas personas bajo la influencia de drogas.
Según la delegación oficial de Nicaragua en la audiencia de la CIDH, la titulación de las propiedades indígenas ha sido prioridad del Gobierno que también ha actuado de manera enérgica y eficiente contra el tráfico ilícito de tierras. No lo mencionaron específicamente, pero al parecer se referían a la acusación gubernamental contra el exdiputado miskito Brooklyn Rivera, antiguo aliado del Frente Sandinista que por revanchismo político fue despojado de su escaño en la Asamblea Nacional.
No obstante, los delegados del régimen orteguista no pudieron invalidar las denuncias de la grave situación que prevalece en el Caribe Norte de Nicaragua, a la que el Gobierno pareciera no querer prestarle atención. Las denuncias de los representantes de los organismos de justicia y derechos humanos fueron más convincentes y de allí que la CIDH pidiera medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física de los indígenas.
En realidad, si fuese cierto, como dicen los representantes del orteguismo, que no hay conflictos violentos ni violaciones a los derechos humanos en el Caribe Norte, el Gobierno podría demostrarlo con facilidad. Bastaría con que invitara a una misión oficial de la CIDH para que venga al país a observar la situación en las comunidades indígenas de la Costa Caribe, que escuche sus testimonios lo mismo que la versión de los colonos mestizos y que compruebe de esa manera quién dice la verdad y quién es el mentiroso.
Pero Daniel Ortega es un gobernante autoritario y arrogante, incapaz de hacer un acto de integridad política y transparencia como ese, que a cualquier gobernante democrático le resultaría muy fácil realizar.
