Reina Abigaíl López, una joven originaria de Wamblan, en Wiwilí, Jinotega, ha contribuido, sin querer, a que el Consejo Supremo Electoral (CSE) maneje un millonario presupuesto paralelo del cual no le rinde cuentas a nadie.
López pagó 120 córdobas en el Registro Central del CSE en Managua para que le extendieran un certificado de nacimiento actualizado, con el objetivo de solicitar su cédula de identidad e inscribirse en la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
Esta joven de 24 años tuvo que desembolsarse también 1,500 córdobas para pagarle a un abogado que le anulara dos de las tres inscripciones a su nombre (dos que hizo su madre y otra de la tía que la crio) que aparecían en el sistema. Pero la cédula no llega.
La historia de James Jarquín es otra. Vino a Managua desde Mulukukú, municipio de la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), a solicitar la reposición de su cédula en el edificio de Servicios de Gobierno (Servigob). Pagó los trescientos córdobas, pero el documento no se lo entregaron el mismo día.
“Me dijeron que aquí en Managua era rápido, pero mentira. Pagué, me tomaron la foto, me tomaron los datos, cambié de domicilio, pero hasta mañana me dan la cédula, pero no puedo quedarme así que tal vez vuelva en un mes”, dijo James Jarquín, quien no tenía dinero para rentar un cuarto ni familiares donde dormir esa noche en la capital.
COBROS NO SE REPORTAN
Los recursos de ciudadanos como López y Jarquín han entrado a un bolsón paralelo de aproximadamente 404.7 millones de córdobas que ha manejado entre 2010 y 2014 el CSE en concepto de cobros por reposición y renovación de cédulas y por certificados de nacimiento, según las estimaciones de emisión de esos documentos del mismo poder electoral.
La cifra de recursos “extras” subirá al final de 2015 a 531.1 millones de córdobas, al sumarle los 126.14 millones de córdobas que ingresarán este año en concepto de emisión de los tres rubros.
Estos millonarios fondos no aparecen reflejados en los informes de liquidación del Presupuesto General de la República de los últimos cinco años, y tampoco en el reporte del primer semestre de 2015 publicados por el Ministerio de Hacienda.
El total de recursos “extras” obtenidos es similar a la partida presupuestaria que Hacienda ha transferido al CSE para cedulación ciudadana y el funcionamiento del Registro Central del Estado Civil de las Personas que suma 568.84 millones de córdobas, de acuerdo con los documentos oficiales de 2010 al 2015.
Me dijeron que no estaba hecha mi partida de nacimiento, ya he venido varias veces y es mucho gasto para mí”. Reina Abigaíl López tramitó partida
de nacimiento.LA PRENSA/ M. VALENZUELA
LEY 550 OBLIGA A REPORTAR COBROS
En 2014, el CSE incrementó el costo por las partidas de nacimiento de cien a 120 córdobas. Y desde 2011 impuso trescientos córdobas por las cédulas en nuevo formato cuando es por renovación por vencimiento o reposición por pérdidas o daños, y empezó a limitar la opción en formato “viejo” cuyo valor era de cincuenta córdobas.
LA PRENSA visitó varios centros de cedulación en Managua y el personal confirmó que desde el año pasado solo emiten cédulas con formato nuevo.
La Ley de Identificación Ciudadana no establece valores por la renovación y reposición o por las partidas de nacimiento, pero deja a discrecionalidad del CSE imponerlos. El artículo 36 de la Ley solo dice que “para la reposición o modificación”, de las cédulas, el ciudadano “previamente deberá pagarse el arancel establecido por el Consejo Supremo Electoral”.
La Ley de Presupuesto obliga a todas las instituciones a incluir en el presupuesto los recursos por rentas con destino específico.
Al revisarse los informes presupuestarios desde 2010 al 2015 se identifica que en el apartado de Rentas con Destino Específico el CSE es la única institución que no reportó lo recaudado por servicios que brinda a la población.
LA PRENSA no logró comunicarse con el ministro de Hacienda, Iván Acosta, para preguntarle por qué los magistrados electorales no transfieren a las cuentas del Tesoro los recursos por los servicios que cobran.
Este Diario solicitó al presidente del CSE, Roberto Rivas, detalles sobre el presupuesto paralelo, mediante una carta fechada el 25 de septiembre pasado y amparados por la
Ley de Acceso a la Información, pero el magistrado presidente hizo caso omiso a la solicitud.
«Necesito mi cédula para las cosas de mi negocio, poder legalizarlo, pero no puedo esperar hasta que me (la) entreguen. Vine hasta Managua porque me dijeron que era rápido, pero no es así”. James Jarquín tramitó reposición de cédula.LA PRENSA/ M. VALENZUELA
SE DEBE EXPLICAR
¿Qué usos han dado a los más de quinientos millones de córdobas extrapresupuestarios? Es una respuesta que tanto Acosta como Rivas deben a los ciudadanos a consideración del director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney.
“El hecho que son informaciones que se manejan con mucho secretismo es una de las grandes críticas al aparato electoral, pero no sería un caso único, tengo entendido que en muchas entidades estatales se cobra por trámites rápidos y muchas veces no pasan por las arcas del Estado”, dijo Courtney.
“Si a estas alturas el Consejo no te pone disponible los resultados electorales en su página web, no hay que sorprenderse de que sus finanzas sean todavía más oscuras”, expresó el experto en temas electorales.
“VIEJA PRÁCTICA”
El exdirector de Cedulación, Dionisio Palacios, aseguró que es una “vieja práctica” del CSE no reportar a las cuentas del Tesoro Nacional los cobros por servicios que realiza a los ciudadanos.
“Lo que yo recuerdo y entiendo es que lo que obtenían lo manejaban como presupuesto complementario del Consejo. El tema está en que nunca dicen cuánto es el monto y en qué usan esos recursos”, afirmó Palacios.
El exfuncionario electoral refirió que los ingresos adicionales del poder electoral “han ido creciendo de tal manera” que permitirían “autofinanzar las funciones sin problemas del Registro y Cedulación”.
Palacios acierta en esa afirmación. Por ejemplo en 2010 Hacienda le transfirió al CSE 69.88 millones de córdobas para cedulación ciudadana, pero ese año la entidad electoral recaudó 116.41 millones de córdobas adicionales por el cobro por reposición y renovación de cédulas.
Igual en 2010 fue cuando más plata generaron los cobros por emisión de certificados de nacimiento y “actos jurídicos” al ser 285.7 millones de córdobas. Fueron recursos mayores a los 11.14 millones de córdobas presupuestados oficialmente para el funcionamiento del Registro Civil de las Personas.
“Recuerde que se inventaron de repente que tiene que ser partida (de nacimiento) reciente la que se debe llevar un muchacho que se va a inscribir en la escuela o en la universidad y eso genera millones”, dijo Palacios.
Adelmo Sandino, director de Gobernanza del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), se suma a cuestionar que Hacienda permita que los ingresos generados por el cobro de cédulas no entren al Presupuesto de la República.
“Las ventas por cédulas no pueden quedar excluidas del cumplimiento de la Ley 550, se debe por ley reflejar en los ingresos por Rentas con Destino Específico, tal y como salen reflejados lo que se recauda por las multas de tránsito o por las licencias de conducir que cobra la Policía Nacional”, afirmó Sandino.
SE DEBE PEDIR CUENTAS
Agustín Jarquín Anaya, excontralor de la República, sostuvo que “sin excepción” las instituciones estatales están sometidas al control de la Contraloría General de la República, a la fiscalización de la Asamblea Nacional y el monitoreo del Ministerio de Hacienda.
Jarquín señaló que esas tres entidades por ley “están obligadas a pedir cuentas al Consejo Supremo Electoral” del “manejo y uso” que ha dado a los millones de córdobas que no ha reportado a las Rentas con Destino Específico del Presupuesto público.
“La Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621, obliga a que de oficio coloquen en su página web el Consejo Electoral los fondos que está obteniendo, pero al no hacerlo es un proceder anómalo, violenta la ley y es en contra del interés ciudadano”, afirmó.
