El gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, no permitió que alrededor de mil familias que viven en una parte del Corredor Seco de Nicaragua, las cuales están padeciendo hambre por causa de la sequía, recibieran un cargamento de granos básicos enviados solidariamente por productores de otras zonas del país que no han sido afectadas por la escasez de lluvia.
El envío de alimentos fue organizado por el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional, organización que se opone enérgicamente a la construcción del Canal Interoceánico chino en Nicaragua. De manera que seguramente fue por eso que el Gobierno, por medio de la Policía confiscó las cargas de alimentos en la ciudad segoviana de Ocotal.
La confiscación de los granos básicos destinados a las víctimas de la sequía, fue justificada por el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (Sinapred), aduciendo que solo este organismo gubernamental puede distribuir ayuda a la gente afectada por situaciones de emergencia. Pero la Ley de Sinapred no contiene ninguna disposición que establezca ese monopolio gubernamental en la distribución de ayudas solidarias, ni la hay tampoco en la Ley de Seguridad Alimentaria. Además no existe ninguna ley que autorice a la Policía ni a cualquier otro organismo gubernamental, apropiarse de las ayudas humanitarias de la sociedad civil y los particulares. Esto es simplemente otra arbitrariedad del régimen de Daniel Ortega, que gobierna de acuerdo con su voluntad dictatorial y no de conformidad con la ley.
Cualquier gobernante normal debería agradecer que los ciudadanos y organismos de la sociedad civil, contribuyan por su propia cuenta a ayudar a la gente necesitada de asistencia humanitaria. Es obligación primordial del Estado prestar esa ayuda, pero nunca es suficiente y siempre hace falta la contribución de la sociedad civil.
Es fácil comprender que en la lucha —de verdad— contra la pobreza y para atender las urgencias sociales, el Estado debe articular sus esfuerzos con las organizaciones cívicas y los ciudadanos en general. Esto lo saben Ortega y sus socios en el negocio del Gobierno y por eso disponen de una red de colaboradores en las comunidades de todo el país, por medio de la cual ejecutan sus proyectos sociales. Pero este es un sistema partidista y discriminatorio que solo atiende a quienes se identifican como partidarios del orteguismo. Y muchas veces ni a estos, porque el oficialismo está minado por la corrupción y los líderes intermedios y de base se apropian de buena parte de la ayuda gubernamental para su beneficio particular.
Al impedir la participación de organizaciones independientes de la sociedad civil en las obras sociales, el orteguismo aplica la regla fascista de que en los ámbitos de la actividad política y social todo se tiene que hacer dentro del Estado, nada se puede fuera del poder estatal.
Esto es lo que explica la arbitrariedad y la mezquindad política del Gobierno de Daniel Ortega, al no permitir que el Consejo de Defensa de la Tierra, del Lago y la Soberanía Nacional, pudiera llevar la ayuda alimentaria a gente que la está necesitando de manera apremiante y que el Estado no tiene voluntad ni capacidad de proporcionar.
