Opositores y críticos al régimen dictatorial de Daniel Ortega, incluyendo antiguos revolucionarios sandinistas, han comparado la represión policial en Mina Limón con la Operación Limpieza ejecutada por la Guardia Nacional somocista durante las insurrecciones en los años 1978 y 1979.
Aquella “Operación Limpieza” no era solamente para quitar de las calles las barricadas levantadas por los insurrectos, sino también para cazar a los francotiradores apostados en las casas y arrasar con todo lo que se interponía en el camino de los guardias somocistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en un informe la extrema brutalidad somocista en aquellas acciones de “limpieza”. Para aniquilar los focos de resistencia, se señaló en el informe, “la Guardia Nacional atacó cruelmente, llevando a cabo numerosas ejecuciones sumarias de personas no combatientes, por el solo hecho de habitar en barrios o caseríos donde habían actuado miembros del Frente Sandinista”.
De modo que parecería exagerado comparar la represión orteguista contra los mineros que tenían tomado el poblado de Mina El Limón —mediante un acto de fuerza pero no armado ni insurreccional—, con la represión a sangre y fuego que perpetraba la Guardia Nacional para recuperar las ciudades tomadas por los rebeldes armados sandinistas. Sin embargo el régimen orteguista no ha tenido escrúpulos para lanzar toda su fuerza represiva contra los mineros y los pobladores de Mina El Limón que los apoyan. Y no es la primera vez que ocurre algo como esto, de manera que es fácil suponer que en el caso de que ocurrieran revueltas insurreccionales como las que organizaba el FSLN, el poder orteguista no vacilaría en reprimirlas con la misma ferocidad que mostraba el somocismo cuando su poder político era retado por medio de la violencia armada.
Todo régimen dictatorial es implacable con quienes se atreven a desafiarlo con la lucha insurreccional. A estos los enfrenta con brutalidad y mientras pueda hacerlo los extermina sin misericordia, como ya lo ha hecho el régimen orteguista con los esporádicos alzados en armas.
Resumiendo las enseñanzas de la historia y de los grandes estrategas políticos de todos los tiempos, Robert Greene y Joost Elffer señalan en su libro Las 48 Leyes del Poder que la Ley 15 consiste en que al enemigo se le debe aplastar por completo. Pero ellos se refieren al poder de las dictaduras y los regímenes autocráticos y autoritarios en general. Eso no aplica en un Estado genuinamente democrático, en el cual se valora por encima de todo la libertad y la dignidad de las personas. En la democracia el titular del poder político no tiene enemigos, solo críticos y opositores que con todo derecho aspiran a sucederlo por la vía electoral, y con los cuales se dialoga para resolver los conflictos y contradicciones en el marco del respeto a la ley por parte de gobernantes y gobernados.
Lo cual, evidentemente, no es el caso de Nicaragua actualmente, bajo el régimen orteguista.
