Los acusados por la masacre del 19 de julio fueron los primeros en experimentar los abusos del sistema, en el que comparten responsabilidades los operadores de justicia. A las autoridades no les importaron los reclamos de los defensores que alegaron la ilegalidad del traslado de los acusados desde Matagalpa a Managua. A final se impuso la autoridad vertical.
“Se llevaron a todos a Managua de forma ilícita”, repite aún Carlos Baltodano, abogado defensor de cuatro de los declarados culpables por la masacre del 19 de julio. Ninguna autoridad escuchó a Baltodano, quien califica el hecho de “anarquía judicial institucionalizada”, pues hasta ahora —tres meses después de emitida la sentencia que fue leída un año después— no responden a la apelación en ese caso.
Entre agosto y octubre del presente año el abuso se ha repetido en cuatro ocasiones y con la causa de la masacre del 19 de julio suman cinco casos. Y el denominador común en los cinco casos ha sido que la causa es sustraída del juez natural.
Sin embargo, el lunes 12 de octubre el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Juárez, minimizó estos abusos. “Pienso que no hay que alarmarse a medida que estemos cumpliendo con la efectividad de la persecución. Es más relevante preocuparse por que efectivamente el país dé una respuesta, a estar pensando de que si hay o no hay una tendencia a no reconocer las garantías”, dijo Juárez.
El criterio del magistrado Rafael Solís es diferente, pues señala que el cumplimiento de las 48 horas como el juez competente son dos puntos fundamentales y hay que revisarlo.
En agosto pasado los campesinos Juan de Dios Rodríguez, Sotero de Jesús Reyes Alvarado y Carlos García, acusados por el asesinato contra cinco policías, fueron sustraídos desde Punta Gorda, Bluefields, a Managua.
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Luego continuó con cuatro detenidos por los disturbios de Mina El Limón el 6 de octubre y otros 15 por vandalismo en Chichigalpa, al día siguiente. Y los últimos en correr igual suerte fueron los nueve miembros de la supuesta secta religiosa Cuerpo Místico de Jesucristo, trasladados de una comunidad de Mechapa, El Viejo, a Managua. Y lo peor, según el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, la causa debió ser remitida a un Juzgado Local por tratarse de delitos menores.
“Se violenta la Ley ”, sostuvo Novoa, quien recordó que el Código Procesal Penal (CPP) establece la llamada “competencia funcional, competencia objetiva y competencia territorial”.
Pero además, Novoa recordó que “el principio es de que las personas sean juzgadas en el ámbito donde cometieron el delito”, porque “nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción”, dice en parte el inciso 2, del artículo 34 de la Constitución Política de la República. Y lo reafirma parte del artículo 11, del CPP.
ESTADO DE EXCEPCIÓN
Para el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, esa actuación de los operadores de justicia viola derechos y garantías debidamente establecidos en instrumentos de derechos humanos, como la Convención Americana, que establece la responsabilidad del Estado, que en materia de administración de justicia es esencial “ser juzgado por el juez natural”.
“Aquí no es que sea cualquier juez que tenga competencia, la competencia está determinada en razón de la materia y en razón del territorio”, aclaró Carrión.
La lectura que el defensor de derechos humanos hace de esta situación es de que en el país “están aplicando un estado de excepción que no es permitido hoy por hoy en materia de derechos humanos”.
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Carrión hizo referencia a que estos casos han estado acompañados a su vez de arbitrariedades en el debido proceso, como son las detenciones prolongadas, aisladas, cuyos procedimientos equivalen a tortura.
El abogado y docente de Derechos Humanos, Ramón Eugenio Rodríguez, refirió que al irrespetar las autoridades los términos legales de las detenciones, también suspenden comunicación con abogados que los representen, así como la comunicación con los familiares.
Esto “termina repercutiendo en la situación de derechos individuales de los detenidos. No justifica. Por muy complejo que la Policía quiere presentar el caso o muchas personas puedan estar involucradas, no justifica la violación a las garantías procesales establecidas en la Constitución Política, el CPP e instrumentos internacionales de derechos humanos”, dijo Rodríguez.
ZOZOBRA Y ANGUSTIA
Los familiares de todos los acusados debieron pasar por más de una semana la angustia, la incertidumbre y la zozobra por desconocer el sitio adonde habían sido llevados los arrestados antes de ser remitidos a los tribunales, lo cual, según defensores de derechos humanos, también es un abuso.
“Esto no es casual, eso garantiza a la vez hacer sufrir a los detenidos, a los familiares, para que redunde en el cansancio, el sometimiento total; para poner de rodillas a los que reclaman y terminen pidiendo perdón”, sostuvo Carrión.
“SON AMANUENSES JUDICIALES”
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“Ellos están formando ley del abuso y cuando el abuso se vuelve uso se hace costumbre y el abuso después de ser costumbre se vuelve ley”, señaló el abogado Carlos Baltodano.
A su vez Baltodano criticó que “los jueces ya no son jueces, solo son amanuenses judiciales con facultades de firma, están obedeciendo órdenes. El poder judicial ya no existe como poder judicial porque es un apéndice del ejecutivo”.
“Aquí todo mundo está confundiendo la lealtad, la disciplina con la domesticidad y eso lo dice José Ingenieros también, el único filósofo que tenemos en América (que) escribió El Hombre Mediocre. En ese libro habla que nosotros estamos malacostumbrados y confundimos los conceptos, no se puede confundir lealtad, disciplina, fidelidad y domesticidad y nosotros estamos domesticados”, refirió el abogado Baltodano.
Otra crítica que Baltodano le hizo al sistema es la utilización de policías armados durante las audiencias de juicio. “¿Qué va a defender un abogado con un montón de armas? Eso psicológicamente te están presionando, psicológicamente te sentís presionado”.
FUE ALEGATO DE RECURSOS
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, recordó que en los casos de los cuatro detenidos por los disturbios de Mina El Limón y los hechos de vandalismo en Chichigalpa introdujeron recursos de exhibición personal a su favor, para ello el alegato ante las autoridades del Tribunal de Apelaciones de Managua fue que los procesados fueron sustraídos del juez natural, así como que exhiban a los detenidos. Sin embargo, las autoridades del tribunal “en total subordinación declara incompetencia” y apunta que cualquier alegato se lo hagan al judicial.
