La unión del movimiento de indignados en Honduras duró lo que un amor de verano. Los objetivos de sus principales dirigentes han dividido a un grupo que se quería parecer a sus vecinos guatemaltecos, quienes durante más de cuatro meses realizaron manifestaciones pacíficas —algunas multitudinarias— para que se investigara y acusara de corrupción al presidente Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo y fue detenido a inicios de septiembre ante el clamor popular y el abandono de sus aliados.
La indignación hondureña surgió ante las revelaciones de que el Partido Nacional (PN) —en el poder hace un lustro— presuntamente malversó, entre 2010 y 2014, 350 millones de dólares para financiar sus campañas electorales internas y nacionales de 2013. Además, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, admitió recibir parte de ese dinero para la campaña que lo llevó a la Presidencia.
Cientos de hondureños se echaron a las calles para protestar. Las antorchas encendidas fueron su símbolo, y ¡Fuera JOH! su grito. Cada viernes —desde finales de mayo— se realiza una marcha en las principales vías de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, La Ceiba, Roatán, Santa Rosa de Copán y Tocoa.
Por ese caso de corrupción están presos y son procesados el exdirector del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), Mario Zelaya; el exministro de Trabajo, Carlos Montes; y el ex viceministro de Salud, Javier Pastor. Son acusados de lavado de activos y cohecho, delitos que el Código Penal hondureño castiga con penas de entre 15 y 20 años, y de tres a seis años, respectivamente.
DOS GRUPOS
De las manifestaciones solo quedan las fotografías. En las últimas semanas, los dos grupos que las convocaban —Plataforma Indignada y Oposición Indignada— han tomado diferentes caminos. Unos quieren un “cambio radical” del sistema político hondureño, los otros únicamente el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras (Cicih); ente similar que se creó en Guatemala (Cicig) e investigó y acusó al expresidente Pérez Molina y a una veintena de políticos, entre ellos la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
La Plataforma quiere la renuncia del presidente Hernández, una reforma agraria, una “real” autonomía universitaria, una nueva ley electoral, el respeto a las tierras garífunas, una asamblea constituyente, entre otras demandas.
Las primeras fracturas dentro del movimiento indignado se dieron a finales de junio, cuando los líderes de la Oposición abandonaron una huelga de hambre, tras cinco días de iniciada. En ese momento, se anunció que la lucha seguiría en las calles con las marchas de las antorchas.
NO MÁS MARCHAS
Sin embargo, el 19 de septiembre los dirigentes de la Oposición anunciaron que no marcharían más y que la lucha se haría a través de plantones sabatinos frente al edificio de la Presidencia en Tegucigalpa.
Desde ese día, la Plataforma continúa con las marchas de los viernes, aunque la asistencia ha mermado. Los que antes se contaban por cientos, ahora llegan a decenas. Las miles de antorchas encendidas son cosas del pasado.
El rostro más visible de la Oposición Indignada es Ariel Varela, de 34 años, padre de familia, quien afirmó a LA PRENSA que el movimiento no ha muerto. “Los que se separaron eran miembros de algunos partidos políticos, que se agregaron al ver que no tenían control sobre nosotros, que siempre hemos tratado de ser económica y políticamente independientes”.
Aseguró que la Oposición continúa su lucha, pero con acciones “no necesariamente de calle”. Entre ellas, destacó la solicitud a la Organización de Estados Americanos (OEA) de una institución, sin vínculos con el Gobierno, que investigue la corrupción del país.
Mientras desde el frente de la Plataforma se afirma que la Oposición es un movimiento dirigido por la “oligarquía hondureña”. Gilberto Ríos Munguía, dirigente del partido Libre y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), comentó a LA PRENSA que “a lo interno del movimiento se dio una lucha de clases. Nosotros hemos defendido siempre al pueblo y sus luchas. Los demás son cosa de un día”.
Para la activista de derechos humanos Bertha Oliva de Nativí, en el movimiento indignado han confluido “las dos Honduras”. Una es la que “tiene poder”, y la otra es la que “no tiene poder y ha estado por años postergada”.
Oliva, también coordinadora del Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), agregó que lo importante de esta fusión es que muestra una ciudadanía “que camina, que sabe que pasa algo malo, y se mueve para que cambie”.
10 cheques recibió en 2013 la campaña del ahora presidente Juan Orlando Hernández de la supuesta trama corrupta en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), según aceptó el mismo mandatario a inicios de junio pasado.
DIFÍCIL CONSTRUIR CONSENSOS
Los viernes de antorchas son un movimiento inédito en Honduras, según el analista hondureño Omar Edgardo Rivera. “Nunca tanta gente había salido a protestar por un tema que era crónico en la nación: la corrupción”.
Advirtió que la “construcción de consensos” será un problema, ya que el movimiento “es amorfo, muy grande y territorialmente esparcido”.
“Es bien difícil llegar a un acuerdo sobre qué es lo que realmente querés, cuando se pide desde la renuncia del presidente, el enjuiciamiento del fiscal, una reforma electoral, hasta la instauración de la Cicih”, manifestó Rivera.
Para el analista se “están pidiendo demasiadas cosas. En una agenda tan enorme se debilita el proceso de incidencia”.
MISIÓN DE LA OEA
En septiembre pasado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entregó al presidente hondureño una propuesta de Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que tendría como objetivo realizar un diagnóstico del sistema de justicia, contribuir a la implementación de las recomendaciones y permitir el fortalecimiento de las instituciones. La misión fue el resultado de una petición que hizo el Gobierno en junio pasado, enmarcado en la iniciativa de un Diálogo Nacional. Dirigentes de la Oposición Indignada no aceptaron la propuesta por considerarla una “bofetada”. “El pueblo hondureño ya no quiere más diagnóstico”, dijo Miguel Briceño, uno de los coordinadores del grupo.
