El Gobierno cedió a las presiones empresariales y revocó un acuerdo administrativo de Telcor, mediante el cual se imponía un cobro mayor al ya establecido para la instalación de torres de telecomunicación. Esto aumentaría los precios del servicio a los usuarios y afectaría a las empresas proveedoras, principalmente a las pequeñas.
También esta semana el Gobierno declaró inviable el proyecto minero en Rancho Grande, departamento de Matagalpa, obligado por la resistencia de la población de ese municipio que de manera masiva y enérgica pero ejemplarmente cívica y pacífica, se ha opuesto a dicho proyecto por temor a los graves daños al medioambiente natural y social que podría provocar su explotación.
Estos dos reveses consecutivos del Gobierno han demostrado, una vez más, que a pesar del inmenso poder de Daniel Ortega y su aparente invencibilidad, bajo determinadas condiciones el régimen puede ser vencido por las presiones gremiales y las luchas populares. Y se ha comprobado que no es cierto, como aseguran personas influenciadas por el radicalismo político y social practicado por el orteguismo en el pasado, que solo con la violencia se pueden lograr las demandas sociales y políticas.
En referencia a la revocación del acuerdo de Telcor, el medio digital oficialista El 19 valoró que “es el resultado del modelo de diálogo y consenso que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el sector privado, a fin de garantizar la competitividad del sector de las telecomunicaciones”. En tanto que, según el mismo medio, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, “destacó el modelo de consenso que ha permitido firmar este acuerdo entre Telcor y la empresa privada, mismo que esperan sea un canal mucho más efectivo y eficiente para trabajar en la facilitación que se debe tener en el país”.
Sin duda que el diálogo del Gobierno con los actores sociales es lo más indicado para gobernar sin causar daños innecesarios y no generar tensiones ni alentar impulsos a la violencia. El Estado y el Gobierno ejecutan acciones que involucran y afectan a todos los grupos sociales y políticos, y en general a toda la gente, y por lo tanto, las decisiones estatales y gubernamentales no deben ser impuestas de manera autoritaria, sino consensuarse mediante la negociación y la búsqueda de acuerdos de interés común para la sociedad y el Estado.
De manera que es muy importante y bueno que el Gobierno y los empresarios tengan un mecanismo de comunicación y negociación de acuerdos, fundado evidentemente en el interés de ambas partes en que la economía nacional funcione bien y los negocios empresariales mejor. Lo malo es que ese modelo se aplique solo con el sector empresarial. Si el Gobierno promoviera el diálogo y buscara el consenso también con la sociedad civil y el sector político, respetando las diferencias con ellos, el país podría andar mucho mejor que como anda en la actualidad según lo que dicen las encuestas.
