Un grupo de organizaciones sociales, estatales y diplomáticas manifestaron su rechazo a la pena de muerte en Guatemala y exigieron la abolición de la medida al calificarla como una política contraria a los derechos humanos.
«Guatemala es uno de los pocos estados de América Latina que mantienen la pena de muerte dentro de su legislación, quedándose al margen de los países que respetan y protegen el derecho a la vida», subrayaron las organizaciones en un comunicado en conjunto.
El pronunciamiento fue realizado en el marco del Día Internacional para la Abolición de la Pena de Muerte que se celebra cada 10 de octubre, y firmado por 13 entidades como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y la Embajada de Británica en la nación centroamericana.
También se sumaron a la petición la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional de Juristas, la Asociación para la Prevención de la Tortura y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), entre otras.
Los firmantes de la petición recordaron que «resulta falso» el «argumento de que la pena de muerte es necesaria para frenar la violencia que tanto afecta a la sociedad guatemalteca», ya que la medida «no resuelve los problemas de fondo».
La pena de muerte está establecida en la ley guatemalteca pero no ha sido aplicada desde 2000, cuando fueron ejecutados dos secuestradores mediante inyección letal.
La nación centroamericana es una de las cinco más violentas del mundo con alrededor de 6.000 homicidios anuales, según datos oficiales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) cuenta con 14 países con la pena de muerte vigente en la región, pero que no han ejecutado a ninguna persona desde 2008.
Entre ellos se encuentra Guatemala, además de Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Belice, Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Granada.
