El Ministerio Publico informó ayer que ya inició una investigación para establecer responsabilidades penales de quienes autorizaron la construcción de las casas en la comunidad de El Cambray II, donde el viernes pasado ocurrió un deslave que hasta el momento ha dejado más de 170 muertos y 300 desaparecidos.
La Fiscalía también indaga si los constructores contaban con licencias e informes sobre lo peligroso del lugar.
La municipalidad de Santa Catarina Pinula asegura que advirtió a la población sobre los riesgos, aunque los sobrevivientes aseguran que nadie les dijo nada sobre el peligro que corrían.
Manuel Pocasangre, vocero de la Municipalidad local, reconoció que no hay documentos sobre el aviso que se habría hecho a la población. “Se hizo de boca en boca, de casa en casa, hacerlo así es parte de las costumbres de la comunidad”, dijo.
ÚLTIMO AVISO
El último aviso sobre un posible desastre lo dio la coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). En un estudio técnico de noviembre de 2014, solicitado por la propia municipalidad, señaló que los pobladores enfrentaban riesgos debido al crecimiento constante, especialmente en época de lluvia, del río Pinula que pasa por la comunidad.
“Se observan fracturas en bloques de material que pueden indicar futuros deslizamientos (de tierra)”, dice el informe, que asegura que también los pobladores habían realizado trabajos en el río para poder cruzarlo, incluso con una reducción hasta de diez metros en algunas áreas. Pero esa información, según los vecinos, nunca llegó a sus oídos.
De hecho no fue sino hasta el lunes, tres días después de la tragedia, que autoridades declararon el lugar inhabitable.
50 familias están aún asentadas en la zona del desastre, por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos hizo un llamado a la municipalidad para que desaloje.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
