El presidente inconstitucional Daniel Ortega rechazó totalmente, a través de un veto, la Ley creadora del Instituto y Estudios para el Desarrollo Rural de Nicaragua (Ley 910), aprobada el 8 de septiembre en consenso, con 85 votos a favor.
Este veto puede ser rechazado en el pleno de la Asamblea Nacional, con una mayoría calificada, es decir, el sesenta por ciento de los noventa legisladores, según la Ley Orgánica de esta institución.
La mayoría calificada solo la tiene la bancada sandinista, con 61 diputados; sin embargo, nunca han votado en contra de una decisión de Ortega.
ARGUMENTO DEL VETO
El argumento que expone el ejecutivo es que esta Ley “no ofrece mayor aporte al bienestar económico y social de la zona rural”, según el escrito del veto.
La Ley 910 fue una propuesta de la diputada sandinista Maritza Espinales, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Medios de Comunicación Social, donde la iniciativa fue consultada y dictaminada en consenso con los diputados del Partido Liberal Independiente (PLI).
Cuando se aprobó esta Ley la diputada Espinales explicó que el instituto sería un beneficio a los productores agrícolas de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia, porque fortalecería sus capacidades técnicas y de competitividad en materia agrícola.
El director ejecutivo de Asuntos Legislativos de la Asamblea, Pablo Ferrey, explicó que el veto significa “que el presidente de la República no tiene la misma opinión que tuvieron los miembros de la Asamblea Nacional”.
El diputado del PLI, Wilber López, opinó que este es un mensaje de Ortega a sus diputados sandinistas para que sepan que solo el ejecutivo puede proponer iniciativas de ley y mardarlas a aprobar.
“PRESIDENTE ESTÁ EN SU DERECHO”
La diputada Maritza Espinales fue abordada ayer sobre este tema, pero se excusó de ofrecer su opinión porque aún no había leído el veto; no obstante manifestó que “el presidente está en su derecho de vetar”.
El 12 de agosto la Asamblea Nacional ratificó el veto presidencial a la Ley del Buró de Convenciones (Ley 894). Esta Ley también había sido una propuesta de manera independiente por los diputados sandinistas y liberales de la Comisión de Turismo.
85 diputados votaron a favor de la Ley creadora del Instituto para el Desarrollo Rural (Ley 910) que el ejecutivo mandó a anular.
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