Dos universitarias convocaron a través de redes sociales a una protesta frente al antiguo palacio de Gobierno de Guatemala el pasado 25 de abril de 2015. Ahí empezó todo. Fue una protesta pacífica, masiva y consecutiva: se repitió sábado a sábado y hasta por más de 18 horas. Los guatemaltecos exigían la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, ligado a una red de corrupción y fraude aduanero. Lo lograron. Ahora será procesado como un ciudadano más, mientras la política guatemalteca atraviesa uno de sus peores momentos.
Algo similar sucedió en Honduras: La primera marcha ciudadana fue en el mes de mayo de este año. Más de 7,000 personas se tiraron a las calles exigiéndole a Juan Orlando Hernández, presidente hondureño, que renunciara. La marcha fue promovida por el “Movimiento de los indignados”, un cuerpo de protesta ciudadana que surgió a partir de los escándalos de corrupción dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), institución pública que fue saqueada por su director, Mario Zelaya, quien desfalcó más de 300 millones de dólares.
Una buena cantidad de este dinero financió incluso la campaña de Hernández en 2013, según confirmó el Ministerio Público de este país centroamericano, divulgando los cheques que se extendieron desde la entidad del Estado, al menos por la cantidad de 94,000 dólares.
En El Salvador, el movimiento social tiene raíces y motivaciones distintas y complejas, considera Cairo Amador, analista político nicaragüense, quien atribuye la principal crisis de ese país a la inseguridad ciudadana producida por las maras.
En cuanto a Nicaragua, algunos esbozos de protesta civil se vienen gestando desde el 2014: las marchas en contra del Canal y los miércoles de protesta, que aún no representan una crisis, “porque el Gobierno de Ortega ha sabido maniobrar sus alianzas políticas con los sindicatos, la empresa privada y el sector pobre de la población”, a juicio de Oscar René Vargas, sociólogo y economista.
Costa Rica, por su lado, que suele ser la excepción de las crisis a nivel regional —según Vargas— también tiene “un gobierno bastante débil”, que es culpado por sus diputados por no actuar eficientemente ante el déficit financiero que tiene el país.
Aún así, “algo está pasando en Centroamérica. La situación de Guatemala es inédita y algo va a influir en la política de la región que siempre ha tenido vasos comunicantes e históricamente ha compartido políticas similares, con la independencia, las dictaduras, las guerras y ahora los movimientos civiles”, dice el sociólogo.
El futuro de los centroamericanos
En Guatemala, el gobierno del ahora expresidente Otto Pérez Molina privatizó la Empresa Portuaria Quetzal, ubicada en Escuintla, Guatemala. Más tarde, la exvicepresidenta Roxana Baldetti nombró a una nueva persona a la cabeza de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Y durante su gobierno, Pérez Molina también colocó militares en las aduanas “para aumentar la recaudación y frenar el contrabando”. Ahí se estaba gestando el fraude.
Las elecciones están fijadas para este domingo 6 de septiembre y a raíz de la renuncia de Pérez Molina, fue nombrado como sucesor el vicepresidente Alejandro Maldonado. “La pregunta es ¿qué pasará ahora en Guatemala?: Lo vital para el sistema político y la democracia en Guatemala es que estas elecciones se efectúen. Hay ocasiones que con la bandera de la racionalidad se cometen actos insensatos, una onda desestabilizadora, en caso que no se realicen los comicios, sumirá a Guatemala en una crisis aguda y nosotros algo de eso agarramos”, refiere al respecto Cairo Amador, analista político.
En Honduras, pese a las constantes marchas pidiendo la renuncia de Hernández, por descontento ante la corrupción, es muy difícil que se logre derrocar el sistema —explica Vargas— principalmente porque contrario a Guatemala, el presidente hondureño aún tiene el apoyo de la Empresa Privada.
En el caso de El Salvador, el panorama es menos alentador. Los salvadoreños están en medio de una guerra maras-Estado, que se ha intensificado en los últimos meses. Uno de los peores momentos fue la huelga de transporte convocada por las maras, que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén no pudo controlar, dice Vargas. Y además “este país tiene los índices históricos de criminalidad más altos. Tiene baja inversión extranjera directa, hay endeudamiento, hay divergencia de criterios entre la Corte Suprema de Justicia, el parlamento y el ejecutivo. Y la cantidad de maras supera a los miembros del ejército y la policía combinado”, añade Amador.
Mientras tanto las manifestaciones que se realizan en Nicaragua son vistas como mínimas y no constituyen aún una amenaza para el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, asegura Vargas, pero eso no quiere decir que no sea el inicio de un movimiento mayor, motivado por el ejemplo de Guatemala. “En estos países hay un movimiento social importante y una crisis de credibilidad en los gobiernos, algo que no sucede en Nicaragua. Pero no sabemos si esto podría estimular que se produzca una movilización social o si va a pasar lo mismo que sucedió en los años cuarenta, cuando (Anastasio) Somoza García pudo sortear con distintas alianzas, la crisis regional que se vivía entonces”, finaliza Vargas.
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