El desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha orillado a los Estados a adoptar enfoques desde los derechos humanos en sus políticas de extradición. No obstante, los casos de Julio Rocha y José Daniel Gil Trejos evidencian que el régimen de Ortega no tiene una política de Estado y mucho menos enfoque de derechos humanos en relación a la extradición.
En 1981 se adoptó en Caracas, Venezuela, la Convención Interamericana sobre Extradición de la cual Nicaragua es suscriptora, pero no ha ratificado ni depositado. Lo importante de este instrumento es que hace una recopilación de los usos y costumbres internacionalmente aceptados sobre la institución jurídica, es decir, no solo es una herramienta regional para la persecución criminal, sino, en casos específicos reconoce derechos a personas que estén siendo requeridas por países más allá de la región.
El objeto principal de la extradición es evitar la impunidad en la comisión de delitos, lo cual es de suma relevancia para el caso Rocha. La cancillería, debe explicarnos a los nicaragüenses el fundamento de su solicitud, lo que implica aclarar qué delito cometió en Nicaragua, mostrar la causa penal y la orden de detención. Estos son requerimientos que la práctica internacional exige para formalizar solicitud de extradición y Nicaragua no es la finca de nadie, por lo tanto, nuestras autoridades están obligadas a brindarnos esta información. Solicitar la extradición de Rocha sin esos elementos limita objetivamente las posibilidades que sea extraditado y debe ser entendido como la intención de sustraerlo de la justicia, lo que es contrario al espíritu de la institución.
Ahora bien, el enfoque de derechos humanos de la extradición tiene tres vertientes, la primera es la prohibición de extradición para casos concretos; la segunda, es que se haga con respeto al debido proceso; y la tercera es el derecho de la persona a compurgar pena en su país. La prohibición de extradición está vinculada a existencia de pena de muerte o cadena perpetua; posibilidad de tortura; penas degradantes e inhumanas; tribunales de excepción; delitos políticos o conexos; y la discriminación.
El respeto al debido proceso implica que la decisión del Estado requerido se adopte garantizando: Tiempo razonable de detención; control judicial de detención; derecho de audiencia; tribunal competente, independiente e imparcial; derecho de defensa y a la defensa; y recurso efectivo.
Gil Trejos estuvo detenido ilegalmente, se obstruyó el derecho a la defensa y a la asistencia consular, eso en cuanto a lo que se conoce públicamente. A pesar que Gil Trejos ya no está en Nicaragua, no hay que perder de vista que la Comisión Interamericana solicitó información al respecto y si Gil Trejos insiste en denunciar la violación a sus derechos humanos, puede generar problemas para Nicaragua y afectar a su favor el proceso que enfrentará, con base en la teoría del fruto del árbol envenenado.
Por último, en las cárceles de Nicaragua hay un número significativo de latinoamericanos cumpliendo condena por narcotráfico. La referida convención sería de gran utilidad para estas personas, ya no solo se enviaría a cumplir condena a sus países de origen a quienes pueden pagar “la mordida”. Se acabaría “el negocio” y los cónsules tendrían mayor libertad de actuar y orientar a sus connacionales, a fin de que estos cumplan condena cerca de sus familias.
Que el país adopte una política de Estado con enfoque de derechos humanos en materia de extradición, permitirá que Nicaragua deje de ser un refugio seguro para personas con cuentas pendientes con la administración de justicia en otros países, aseguraría el debido proceso a las personas que son requeridas y un trato humano a los extranjeros que cumplen condena en nuestro país.
El autor es maestro en Derechos Humanos
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
