Hace tres años, y con motivo de presuntos hechos de corrupción de altas esferas gubernamentales —la venta sin explicación del edificio Olof Palme, la concesión de privilegios a Albanisa, y la asignación de recursos extraordinarios al Consejo Electoral para la “cedulación”, mientras declaraban que el 99 por ciento de los nicaragüenses estaban cedulados— publiqué un artículo titulado La corrupción baja, no sube.
Con ese titular, un tanto paradójico, quería significar que si quienes ejercen las más altas posiciones en los Poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral, Legislativo, y los órganos de supervisión e investigación, actúan con honestidad, respetan la ley y velan por la integridad y transparencia en la gestión pública, es muy difícil que la corrupción se vuelva sistémica, es decir, se generalice y cubra progresivamente a todo el Estado y la sociedad en su conjunto.
Y agregaba que, “en sentido contrario, cuando los que están abajo al ver hacia arriba encuentran imágenes de corrupción desenfrenada, la pregunta que inevitablemente se harán será: ¿por qué no yo?”
Algo semejante puede decirse sobre la tragedia de Las Jagüitas, con tres muertes y dos heridos de gravedad, entre ellos varios niñas y niños, y en que los miembros de la Policía Nacional (PN) involucrados han sido inculpados por delitos relativamente menores, lo que según los expertos anticipa que las penas no serán muy severas. La percepción social, acompañando a las expresiones desgarradoras de los familiares, es de impunidad en la acción policial.
En el mismo artículo de hace tres años comentaba, en sentido positivo, dos noticias procedentes de la PN, una de la investigación abierta sobre vínculos de algunos de sus miembros con el crimen organizado, y otra de la baja deshonrosa de policías involucrados en el abuso de una menor. Señalaba que esas noticias “independientemente de las opiniones o especulaciones que se hagan sobre la magnitud de la penetración institucional y social del crimen organizado y de los alcances que tendrá la investigación del mismo, así como de actuaciones de esa entidad que han merecido legítimas críticas, como cuando se ha mostrado tolerante del uso de la violencia callejera por el orteguismo, transmiten el mensaje que no se puede estar por encima de la ley”. Los hechos de Las Jagüitas subrayan el contraste entre la PN de antes y la de ahora, como tantos analistas han puesto de manifiesto.
La lección es clara. Si la violencia policial por razones políticas queda impune —como es el caso notorio de los jóvenes apaleados y robados de #OcupaINSS, pero se podría mencionar otros casos— la violencia policial por otras razones inevitablemente se abrirá camino.
Si quienes están arriba, por razones de corrupción o de otra índole, por ejemplo perpetuarse en el poder, lo que constituye una corrupción de la institucionalidad democrática, pueden actuar con impunidad, es inevitable que ese ejemplo de impunidad se trasmita hacia abajo en toda la cadena de mandos civiles y policiales.
En ese sentido nada, nada, absolutamente nada de lo que ocurre en materia de abusos de la función gubernamental, desde la mordida del policía de tránsito hasta los reclamos sin atención de los empresarios en materia aduanera, pasando por la negativa de cédulas y de los derechos electorales, son hechos desligados entre sí.
Cuando en 2012 comenté las noticias positivas de la policía, concluí que si ese “fuese el caso a nivel de toda la gestión pública desde “arriba”, otra sería nuestra situación y habría razón para el optimismo y la esperanza. Lamentablemente no es así”. Ahora esa conclusión ha sido reforzada por los hechos de Las Jagüitas, incluyendo la soberbia omisión de Ortega de cualquier mención al caso en su discurso del 19 de julio.
El autor es excandidato a la vicepresidenciade la República.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
