La acusación que se interpuso en contra de la urbanizadora Ciudad San Sebastián no prosperó, pues ayer en la audiencia inicial el juez Tercero Penal, Ernesto Rodríguez, no admitió la causa en contra de Mario Montenegro, representante legal de Inver Capital Aranxa SA, quien era acusado por los delitos de omisión de prestar auxilio, exhibición de personas al peligro y construir en lugares prohibidos.
El residencial tiene antecedentes de inundaciones desde el 2008, pero el 11 de junio de este año el agua sobrepasó el límite, a tal punto que en algunas casas subió hasta un metro. La familias quedaron con sus casas destruidas y perdieron todos sus enseres y ahora piden ser reubicadas o indemnizadas.
Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, manifestó que van a apelar el lunes y ese mismo día interpondrán la acusación de 34 personas más, quienes fueron afectadas con las inundaciones en el mismo residencial.
Mientras tanto, Montenegro expresó que la aseguradora es la que debe responder por los daños causados por las lluvias a las viviendas y que la urbanizadora no tiene nada que ver.
“Nosotros siempre hemos dado la cara, el gerente del proyecto se ha reunido individualmente con los bancos y los diferentes afectados, pero toda esta gente tiene seguro, en este caso las aseguradoras tienen que responder por los daños a las viviendas, es una relación del cliente, banco y aseguradora y ahí el urbanizador no tiene nada que ver”, comentó.
Los afectados se mostraron indignados con la resolución del juez, pues consideran que tanto la urbanizadora como la aseguradora no quieren indemnizarlos ni reubicarlos.
Milena Gómez, una de las afectadas, dice que desde que adquirió su vivienda ha tenido que vivir nueve inundaciones, pero que el 11 de junio sintió estar de frente a la muerte.
“Ese día pensé que iba a morir junto con mis hijos. A uno de mis hijos el agua casi se lo lleva, me sentí aterrada y nos sentimos desprotegidos porque nadie nos da respuesta, somos como trescientas familias que estamos afectadas y si no nos dan respuesta más tarde puede pasar algo peor. Aranxa solo nos ofreció tres meses de cuota, pero cuando se me muera un hijo, ¿quién me lo va a pagar? Nadie. Y la aseguradora dijo que nos repone los daños materiales, pero cuando llueva se va a volver a inundar”, comentó Gómez.
LA PRENSA/D. LÓPEZ
Las diez personas afectadas que acusaron ayer a la urbanizadora son: Patricia del Carmen Flores Quintanilla, Norma del Carmen Rayo Manzanárez, Martha Gisell Cerda Granados, Marvin Bismarck Castro Mondragón, Milena Rosario Gómez Herrera, Delis María Miranda Dávila, Meyling del Rosario Rocha López, Lucía Angélica Baca Betanco, Wilson Jarquín Espinoza y María López.
“Ellos ya no quieren habitar ahí, (los de) la aseguradora estuvieron el día sábado y asumieron los daños, pero aunque la aseguradora les construya la casa, la vida de estas personas está en peligro, porque las viviendas se construyeron en un cauce natural”, sostuvo Danelia Rivera, representante de los afectados.
Cada casa estaba valorada entre 18,000 y 35,000 dólares, pues son casas de interés social.
ANALIZAN PROBLEMA
A inicios del mes de julio, el asesor presidencial de Asuntos Económicos, Bayardo Arce Castaño, dijo que se realizaría una supervisión del estado de las viviendas en los residenciales que habían sido dañadas con las lluvias y que después de analizar la situación se establecerían acciones con respecto al tema.
En los últimos tres años unas diez urbanizaciones en los municipios de Managua, Ticuantepe, Nindirí y Ciudad Sandino han sido inundadas por las lluvias en la época de invierno. En todos los casos se responsabiliza a los urbanizadores por vender viviendas construidas en zonas vulnerables cercanas a cauces y presas.
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