La represión policial contra la protesta cívica de ayer en demanda de elecciones justas y limpias, durante la cual los policías agredieron también a varios periodistas, no es la primera que perpetra el régimen orteguista pero sí la más significativa.
El hecho de que entre las personas que fueron brutalmente reprimidas se encontraran varios diputados, entre ellos el presidente del partido opositor PLI y directivo también de la Internacional Liberal, Eduardo Montealegre, le ha dado a esta jornada de represión orteguista una gran repercusión nacional e internacional.
Desde hace varias semanas, todos los miércoles se han venido realizando protestas cívicas frente a la sede central del Consejo Supremo Electoral, en el centro de Managua. Estas protestas fueron comenzadas por unos cuantos ciudadanos pertenecientes a organismos de la sociedad civil, pero después se incorporaron miembros y simpatizantes de varios partidos políticos de oposición y poco a poco han venido cobrando mayor fuerza popular.
Para el día de ayer, miércoles 8 de julio, el Partido Liberal Independiente (PLI) convocó a incrementar la fuerza de la protesta cívica de los miércoles, movilizando contingentes de sus afiliados y simpatizantes desde diversos lugares del país. Evidentemente esto hizo sonar las alarmas del alto mando orteguista, que desplegó sus principales fuerzas represivas a fin de impedir la concentración de ciudadanos, o para que participaran menos personas, y en última instancia, como ocurrió, para reprimirlos físicamente por medio de la fuerza bruta.
No es la primera vez que la dictadura orteguista del siglo 21 reprime las protestas populares, con el fin de castigar a los ciudadanos que se atreven a protestar y para atemorizar a la población nicaragüense que no está conforme con las políticas autoritarias del Gobierno.
Los organismos nicaragüenses de derechos humanos tienen documentadas en sus registros todas las acciones de represión realizadas por la dictadura actual, y las han llevado hasta los organismos internacionales correspondientes, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pero estamos claros de que no es por esas denuncias que el régimen de Daniel Ortega va a contener su compulsión represiva. En la medida en que la gente salga a las calles, a protestar contra los abusos del poder y para reclamar la devolución de sus derechos democráticos y su libertad, en esa misma proporción la dictadura orteguista responderá con la represión y la incrementará en tanto vea y sienta que su poder autoritario es amenazado.
Esa es la trampa resbalosa en la que se deslizó la dictadura somocista y en la que se precipitó también la primera dictadura sandinista, la de los años ochenta del siglo pasado. De hecho es la misma trampa en la que caen todas las dictaduras en cualquier parte del mundo, hasta que por ley de la historia se ven obligadas a ceder o terminan destrozadas por la ira popular.
Tomás Borge dejó la recomendación fascista a Daniel Ortega y el FSLN, de hacer todo lo que sea, incluso lo peor, para no volver a entregar el poder. Pero esta moneda tiene dos caras. Y en la otra cara está inscrito que los ciudadanos tienen derecho a hacer todo lo que sea necesario, para sacar a una dictadura del poder.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
