Después de más de una semana de masivas protestas populares en las calles de las principales ciudades de Ecuador, el presidente ecuatoriano Rafael Correa habló de convocar a un diálogo nacional para procurar “la justicia y la equidad”.
Las manifestaciones callejeras de las últimas dos semanas fueron desencadenadas por la presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto de ley presidencial para castigar con fuertes impuestos la plusvalía y las herencias personales.
Pero esto solo ha sido el detonante de la movilización popular. La inconformidad de la población es por el conjunto de políticas autoritarias del presidente Correa, incluyendo una draconiana ley contra la libertad de expresión y de prensa que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) califica como la peor de América Latina y el Caribe. Precisamente este 23 de junio se cumplen dos años de que está en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, que según el análisis de la SIP es “un instrumento de inquisición que convirtió al presidente Correa en el gran censor de las Américas” y cuyo propósito es “acallar a sus adversarios políticos, al periodismo independiente y a los ciudadanos en su uso de redes sociales e internet”.
El diálogo nacional que propone el presidente de Ecuador tendría una duración de tres meses, al cabo de los cuales se haría una evaluación de los avances en los distintos temas que sean sometidos a discusión. Sin embargo, hasta ahora no se ha aclarado cómo sería la composición de dicho diálogo y sobre todo qué garantías tendría la oposición de que serán tomadas en cuenta sus demandas democráticas que son contrarias a la naturaleza misma del régimen correísta.
Al respecto el sector empresarial ecuatoriano ha planteado que es necesario crear previamente condiciones de tranquilidad y seguridad para su trabajo. Para lo cual el proyecto de ley contra la plusvalía y las herencias debe ser archivado definitivamente, no solo retirado de manera temporal como lo ha hecho Correa. Por su parte, los obispos católicos de Ecuador han acogido con entusiasmo la iniciativa gubernamental de diálogo nacional, considerando que a principios del próximo mes de agosto el papa Francisco estará de visita en el país y es primordial para la Iglesia que haya en el país un clima de concordia nacional.
Sin embargo no hay ninguna seguridad de que el diálogo pudiera ser viable, para lo cual el presidente Correa tendría que estar dispuesto a cambiar su estilo autoritario de gobernar y comprometerse a respetar las libertades públicas e individuales que son indispensables para el funcionamiento de la democracia.
Pero en todo caso no será por la voluntad de Rafael Correa, sino por la lucha del pueblo, que puede haber un cambio democrático en ese país suramericano. Los regímenes autoritarios, ya sea el de Rafael Correa en Ecuador o el de Daniel Ortega en Nicaragua, no son invencibles como pretenden y aparentan. Ellos estarán en el poder solo mientras los ciudadanos no se decidan a tomarse las calles y luchar, hasta las últimas consecuencias, por conquistar la libertad y establecer la democracia.
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