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Un nuevo informe regional ha encendido las alarmas sobre el estado de la justicia en Nicaragua. De acuerdo con el Índice de Transparencia Judicial, elaborado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, el sistema judicial nicaragüense reprobó con una calificación general de apenas 33.33%.
Esta alarmante puntuación sitúa al país en el puesto 16 de los 18 estados iberoamericanos analizados. En toda la región, Nicaragua solo logra superar a Cuba (puesto 17) y a Venezuela (puesto 18). Los resultados contrastan drásticamente con el rango intermedio de la mayoría de los países evaluados, donde naciones como Honduras (68%), Ecuador (65.5%) y El Salvador (63.5%) muestran un desempeño considerablemente superior.
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En medio de este entorno de control, el estudio detalla que la falta de claridad en las instituciones de justicia nicaragüenses se da en dos frentes críticos.
El informe evalúa la Transparencia Activa. Este criterio se refiere a la información que el propio Estado debe publicar por iniciativa propia y Nicaragua obtuvo 28.16%. Aunque existen portales web institucionales, estos funcionan como simples vitrinas de propaganda. El acceso a datos de alto valor público —como estadísticas judiciales reales, asignaciones presupuestarias, expedientes o procesos disciplinarios contra los magistrados impuestos— permanece bajo estricta restricción.
Otro criterio calificado es la Transparencia Pasiva. Este indicador evalúa la respuesta del sistema cuando los ciudadanos solicitan información. En este apartado, Nicaragua obtuvo un cero absoluto, lo que demuestra un bloqueo total y un temor institucional a rendir cuentas a los canales de petición ciudadana.
Sin controles externos ni fiscalización
La investigación subraya un factor clave detrás de este panorama: la inexistencia de un órgano garante especializado e independiente que supervise al sector justicia, apartado en el que el país también puntuó 0%.
Al no haber una entidad externa que fiscalice la transparencia, los tribunales y juzgados operan en la total discrecionalidad, decidiendo qué datos ocultar y qué solicitudes ignorar sin temor a sanciones. Tampoco existen protocolos para que los ciudadanos reclamen cuando se vulnera su derecho al acceso a la información.
La Alianza Regional concluye que esta opacidad generalizada no solo debilita la confianza en los tribunales, sino que anula por completo la capacidad de la ciudadanía para auditar, controlar y proponer mejoras en un servicio tan vital como la justicia.
Un sistema judicial purgado
Los resultados del informe no son una sorpresa, sino el reflejo de una crisis estructural profunda. Desde las protestas cívicas del 2018, el Poder Judicial en Nicaragua ha consolidado una pérdida total de autonomía, operando bajo un control absoluto por parte del Ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La situación se recrudeció drásticamente con intervenciones masivas dentro de las instituciones de justicia, caracterizadas por una serie de acciones represivas.
Medios de comunicación independientes han documentado purgas masivas y despidos, así como el control político se ha consolidado mediante la destitución fulminante de magistrados, jueces y cientos de empleados administrativos no alineados con las directrices del partido sandinista.
Asimismo, expertos en derechos humanos han apuntado la instrumentalización penal, donde los tribunales han sido utilizados como herramientas de represión política, dictando condenas arbitrarias contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la Iglesia católica.
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A esto se suman los juicios clandestinos. Gran parte de los procesos judiciales de carácter político se han celebrado en audiencias privadas, arbitrarias y sin derecho a defensa, en prisiones de máxima seguridad como El Chipote, o a puerta cerrada, violando las garantías mínimas del debido proceso.
