El papa Francisco dio a conocer este jueves su encíclica Laudato si (Bendito sea), que se refiere al grave problema del calentamiento global y la crisis medioambiental del planeta.
Lo que se dice en esta encíclica atañe a Nicaragua, donde igual que en todos los países del mundo se están sufriendo las consecuencias del cambio climático y la degradación medioambiental. Pero además, la encíclica nos toca directamente porque la construcción del Canal Interoceánico del chino Wang Jing modificaría radicalmente el ecosistema de Nicaragua, seguramente con graves, dañinas e irreparables consecuencias.
Científicos nicaragüenses y extranjeros han explicado que cavar una gigantesca zanja en tierra firme y en el lago Cocibolca, el cual tendría que ser dragado constantemente, podría causar daños catastróficos al medioambiente y arruinaría la mayor reserva de agua dulce de Nicaragua y América Central.
El miércoles de esta semana, al recibir las cartas credenciales de cuatro embajadores extranjeros en Nicaragua, incluyendo al panameño, Daniel Ortega aseguró que el Canal de Nicaragua no será una amenaza contra Panamá. Pero es que la amenaza del proyectado Canal no es contra Panamá, sino contra Nicaragua, contra su medioambiente natural y social y en particular contra los nicaragüenses que viven a lo largo y ancho de la ruta canalera.
Ortega admitió en el mencionado acto diplomático, que la construcción del Canal tendría un impacto medioambiental y social que él mismo calificó como “fundamental”. Sin embargo no quiso entrar en detalles y se limitó a decir a los embajadores extranjeros que el 31 de mayo pasado había recibido el estudio sobre el impacto ambiental y social del proyecto de construcción del Canal, elaborado por la consultora británica ERM.
Ortega tampoco explicó por qué mantiene en secreto ese estudio de impacto ambiental y social, a pesar de su gran trascendencia y de que los nicaragüenses tienen derecho a ser debidamente informados. Por ese secretismo, existe la sospecha de que el estudio de la firma ERM podría estar siendo manipulado, para ocultar o disimular las graves consecuencias negativas que tendría la obra canalera.
Cabe recordar al respecto que el mismo día que el estudio de impacto ambiental y social del proyecto del Canal le fue entregado al gobierno de Daniel Ortega, el representante de la firma EMR, Manuel Román, aclaró que esta empresa no está ni a favor ni en contra del Canal, solo establece en el estudio “cuáles son los retos que puede enfrentar al proyecto, pero la decisión final es del Gobierno de Nicaragua, en conjunto con HKND”.
En realidad, la decisión debería ser de todo el pueblo de Nicaragua, como se hizo en Panamá, donde la ampliación del Canal fue aprobada mediante un referendo democrático.
Un proyecto como el del Canal Interoceánico, por el cual se ha comprometido la soberanía y la independencia nacional, y se pone en peligro la seguridad ambiental, social, jurídica, política y moral de Nicaragua, tenía que haber sido aprobado o rechazado por toda la población. Esto no debió ser jamás un proyecto solo de Daniel Ortega y el chino Wang Jing.
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