El atroz asesinato de una mujer en Chontales ayer a manos de su pareja, quien le propinó 13 machetazos, supuestamente por celos en presencia de sus seis hijos, vuelve a poner en las portadas de los diarios ese flagelo que es el femicidio.
En lo que va de este año, según la organización Católicas por el Derecho a Decidir, han ocurrido 28 asesinatos de mujeres que se pueden calificar como femicidios, o sea, han ocurrido más de uno por semana.
En 2012 entró en vigencia la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, conocida como la Ley 779, que ordena un fuerte castigo a los femicidas.
Sin embargo, las estadísticas de la organización arriba citadas demuestran que en 2012 hubo 76 femicidios, en 2013 hubo 69 y el año pasado 89. Al igual que lo que va del año, en los últimos tres años el promedio de asesinatos se ha mantenido en poco más de uno por semana.
Está claro que este es un problema social que se origina en una mentalidad machista que ve a la mujer como un objeto y una vez que existe una relación de pareja esa misma mentalidad dicta que la mujer pasa a ser propiedad del hombre.
No es una ley, por muy dura que sea, la que va a venir a dar fin a estas tragedias. Se necesita un plan integral que tenga un fuerte elemento de educación que emita un mensaje claro y que involucre a todos los sectores de la sociedad para que dicho mensaje esté llegando constantemente a las personas, y que lo empiecen a escuchar y entender desde que son niños.
Sin embargo, desgraciadamente, el Gobierno tiene una visión más propagandística que educativa del problema y aunque la Ley originalmente tenía en su artículo 9 una amplia definición del delito de femicidio, en una ilegal reforma que se realizó a través de la reglamentación de la Ley, quedó reducido a “delito cometido por un hombre en contra de una mujer en el marco de la relaciones interpersonales de pareja y que como resultado diere muerte a la mujer, en las circunstancias que la Ley establece”.
Esto, según Católicas por el Derecho a Decidir, ha “invisibilizado” el problema porque además, según la misma organización, existe una orden dada por la autoridades centrales para que en las Comisarías de la Mujer no se dé información sobre hechos de violencia contra las mujeres.
Además, el mismo reglamento ha alejado a las mujeres víctimas de violencia de la protección efectiva que la Comisaría podría brindarles al crear el paso previo de la Consejería Familiar, manejada por los Gabinetes de la Familia o antiguos CPC, que por lo general están compuestos por personas que no tienen ninguna experiencia para lidiar en este tipo de problemas.
Para terminar de frustrar el esfuerzo, la Ley 779 no tiene un mecanismo claro para promover la educación que vaya haciendo desaparecer la mentalidad machista.
El Gobierno debe reflexionar y la ciudadanía debe presionar para que en realidad se cree una política de Estado que permita ir eliminando este flagelo. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de barbaries como la de Chontales ayer.
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