El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, reiteró ayer que no dimitirá, en su primera aparición pública después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera el miércoles dar trámite a la denuncia presentada por el diputado opositor Amílcar Pop, que vincula al mandatario con dos casos de corruptela: uno en el Seguro Social y otro en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Con su inmunidad pendiente de un hilo, a expensas de lo que decida el Congreso tras la investigación de una comisión pesquisidora que se creará hoy, Pérez Molina se presentó ayer ante los medios de comunicación con un semblante serio, pero defendiendo su inocencia a capa y espada.
En su intervención, de apenas diez minutos y en la que aceptó cinco preguntas de los informadores, Pérez Molina negó estar vinculado con esos dos casos de corrupción y agregó que no renunciará al cargo porque tiene “una responsabilidad constitucional” que el pueblo le otorgó en las urnas.
“No hay ninguna vinculación y tampoco hay ninguna línea jerárquica entre las decisiones de la junta directiva (del Seguro Social) y las decisiones del presidente” de la República, afirmó Pérez Molina, quien dijo estar “tranquilo” porque las decisiones de los dos entes involucrados en corruptelas son independientes.
Para finalizar su mandato, que expira el 14 de enero de 2016, el mandatario mostró su disposición para enfrentar todos los procesos que surjan en su contra.
“Yo como presidente no tengo nada que ver. No tengo ninguna responsabilidad”, incidió, y apostilló que intentar vincular las decisiones de los dos entes a su persona “está fuera de cualquier lógica”.
Pérez Molina reconoció que su único cometido con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la SAT fue nombrar a sus directivos porque así lo establece la Constitución. De no hacerlo, estaría incurriendo “en incumplimiento de deberes”, zanjó. El mandatario abandonó rápidamente el Ministerio de Gobernación al finalizar su intervención, sin esperar a que su ministra, Eunice Mendizábal, aportara datos sobre la reunión mantenida con varios cargos policiales.
PRESIÓN EN PROTESTAS
Los dos casos de corrupción, conocidos como «La Línea» , en el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, e “IGSS-Pisa”, en el Seguro Social, ya propiciaron la renuncia de Roxana Baldetti, vicepresidenta del país hasta el 8 de mayo y una renovación parcial en el Ejecutivo del Gobierno.
Por ambos casos, desarticulados por la Fiscalía y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hay 44 sospechosos en prisión preventiva, entre funcionarios, particulares y personas cercanas al mandatario.
La presión social contra el presidente no cesa y los ciudadanos tienen convocada para mañana una nueva manifestación en la que volverán a exigir su dimisión, así como una lucha conjunta de todos los sectores para acabar con la corrupción y la impunidad.
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