Otorgar asilo político a principales cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) permitirá de cara a la comunidad internacional que Nicaragua sea vista como que está promoviendo violencia. Así lo considera Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).
«Otorgar asilo político a esa gente (las FARC) nos hace reflejar ante la comunidad internacional como que estamos promoviendo violencia con la aceptación de estos ciudadanos. Esto es un mensaje negativo hacia la seguridad nacional de nuestros vecinos y la comunidad internacional misma», valoró Leiva.
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El funcionario defensor de derechos humanos recordó al Estado de Nicaragua que no se puede dar asilo a personas ligadas a violaciones de derechos humanos y de la ley porque altera la paz social del país.
«En principio nos encontramos profundamente preocupados de que el Estado de Nicaragua esté alojando personas que están comprometidas con violaciones a los derechos humanos. Es decir, personas que realmente han promovido violencia y han estado inmersos en situaciones de violencia, de una alteración de paz social en otras sociedades», externo el funcionario de la Anpdh.
«Como imagen a nuestro país realmente no abona un aspecto positivo ante la opinión internacional que debemos tener como país, recordemos que hasta el día de hoy el Estado no ha demostrado una voluntad de querer mejorar su radiografía de cumplir con los derechos humanos de los nicaragüense y realmente darle oportunidad a ciudadanos que han estado involucrados en alteración de paz social, de terrorismo y narcotráfico, realmente es negativo para nuestra sociedad nicaragüense», reflexionó el secretario ejecutivo del organismo de derechos humanos.
No obstante Leiva expresó que está claro que Nicaragua debe proteger a ciudadanos de acuerdo a lo que establece el derecho internacional, pero aclara que no se puede asilar a personas comprometidas con la transgresión de la ley y la paz social.
«El derecho de asilo es un derecho humano, pero desde las perspectivas de ciudadanos que tienen una clasificación para tal condición, pero no clasificaciones de ciudadanos que han estado inmersos en la transgresión de la ley y desde esta perspectiva no es positiva para el país», estimó Leiva.
