Al amparo de la noche del pasado domingo 31 de mayo, la compañía canalera china HKND Group entregó al Gobierno de Daniel Ortega, el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto del Gran Canal realizado por la firma británica EMR.
Al día siguiente, ayer, en una rueda de prensa de la que fueron excluidos los medios independientes el vocero oficial del Canal, Telémaco Talavera, informó sobre la entrega del estudio por parte de EMR pero dijo que antes de darlo a conocer será analizado durante todo el mes de junio por una comisión del Gobierno.
Una documentación tan importante como esa debía ser puesta inmediatamente en conocimiento de toda la gente y entidades interesadas. Si el estudio de impacto ambiental y social del proyecto canalero ya fue completado por la empresa responsable de hacerlo, y entregado al Gobierno, mantenerlo oculto en manos de una comisión gubernamental de revisión mueve a pensar que podría haber alguna intención de manipularlo y retocar el documento.
La falta de transparencia en el manejo del proyecto canalero ha sido, precisamente, lo más objetado por científicos, expertos ambientalistas, diplomáticos extranjeros, especialistas en comercio marítimo, inversionistas, prensa nacional e internacional y ciudadanos comunes y corrientes. Lo cual es comprensible, porque una obra de tan grandes dimensiones y repercusiones, como sería el Canal por Nicaragua, no se debe manejar con criterios de conspiración política o de otra clase.
La verdad es que no hay cómo justificar que una información de semejante importancia sea ocultada a los nicaragüenses y a la comunidad internacional. El turbio manejo del proyecto canalero ha alentado las suspicacias y dudas sobre una empresa que, por su magnitud e impacto, debería ser lo más transparente posible.
Por el proyecto del Canal ha sido hipotecada la soberanía y el territorio nacional, todo el ecosistema del país podría ser modificado drásticamente y cambiada la geografía humana y social de Nicaragua. De manera que a lo menos que pueden tener derecho los nicaragüenses, es a una información oportuna, amplia y clara acerca de todo lo que se relaciona con el proyecto canalero.
En la escasa información oficial que se dio a conocer en la entrega nocturna del estudio de impacto ambiental y social, recogida en un despacho de la agencia de prensa ACAN-EFE, se dijo que el representante de la firma británica ERM, Manuel Román, “tomó distancia de la decisión sobre la ejecución del proyecto interoceánico en Nicaragua”. “ERM no está ni en pro ni en contra del proyecto, en el estudio nosotros establecemos cuáles son los retos que puede enfrentar el proyecto, pero la decisión final es del Gobierno de Nicaragua, en conjunto con HKND”, dijo Román, cuya ambigüedad se puede interpretar como que la factibilidad social y ambiental del Canal no está asegurada, pero si el empresario chino Wang Jing y el gobernante nicaragüense Ortega lo quieren hacer, es cosa de ellos. ERM se lavaría las manos.
Sin embargo se puede suponer que cuando el Gobierno dé a conocer el estudio de impacto ambiental y social, lo presentará tal como se lo entregaron, sin maquillaje ni manipulación. Una empresa tan seria como dice EMR que es, seguramente no permitiría que su trabajo profesional sea distorsionado y su prestigio arruinado.
