El coordinador de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN), Edwin Castro, no habla sobre el veto total del poder ejecutivo que mandó a cancelar la Ley del Buró de Convenciones, aprobada por unanimidad el pasado 14 de enero.
Sin embargo, este veto tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional en algún momento.
UN VETO SE RECHAZA CON 47 VOTOS
El artículo 143 de la Constitución Política establece en el tercer párrafo que un veto puede ser rechazado en la Asamblea Nacional con un número de votos que exceda la mitad de sus miembros, es decir, con 47 votos (de un total 91 diputados).
Sin embargo, los diputados de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), quienes son los únicos que se han mostrado en contra de este veto, solo cuentan con 22 votos duros que respaldarían este rechazo.
El diputado de la Alianza PLI y presidente de la Comisión de Turismo que dictaminó la Ley del Buró, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ha asegurado que ese veto no tiene validez, porque duda que haya sido enviado dentro del tiempo correspondiente que tiene el Gobierno para vetar una ley. La duda de Chamorro se origina en que el veto se conoció tres meses después de que fue emitido.
La presidenta interina de la Asamblea Nacional, Iris Montenegro, dijo la semana pasada que aún no han discutido el tema, pero comentó que el ejecutivo está en su derecho de vetar una ley.
Igualmente piensa el diputado sandinista y vicepresidente de la Comisión de Turismo, Nasser Silvany, quien no quiso contestar con qué argumentos se vetó totalmente esta ley, aunque acepta que fue ampliamente consultada.
El diputado Wilfredo Navarro explicó al respecto que quienes se equivocaron en los planteamientos de esta ley fueron el Gobierno y la empresa privada, porque aceptó que la Asamblea solo aprueba lo que ya mandan cocinado esos dos sectores del país, debido a que el partido gobernante tiene mayoría en el plenario.
El escrito del veto total a la Ley del Buró de Convenciones, que envió a la Asamblea el poder ejecutivo, menciona que el contenido de este proyecto está planteado de una manera muy compleja y engorrosa, lo que no permite que su instrumentalidad y aplicación logren los objetivos que en ella se pretende, como es implementar programas efectivos de mercado, así como elevar la calidad profesional y técnica de los prestadores de servicios relacionados con la industria turística.
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