La Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) logró que la pensión reducida de vejez se convirtiera en ley, sin embargo, el mismo presidente de esta organización, Porfirio García, reconoció ayer que ahora les toca “luchar” por los montos de las pensiones, porque esta legislación establece que será el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) el que determinará el derecho a una pensión de vejez.
La nueva ley aplicará a todas las personas mayores de 60 años y que no lograron las 750 cotizaciones que exige la legislación nicaragüense en materia de Seguridad Social.
El 15 de abril la UNAM, presidida por García, introdujo la propuesta de Ley de Pensión Reducida de vejez, la cual establecía una escala de rangos de acuerdo a las semanas cotizadas, con base en el salario mínimo.
Sin embargo, estos rangos fueron retirados luego de una reunión con el coordinador de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, siendo aprobada de esta manera ayer por la aplanadora orteguista.
Castro le atribuyó el crédito de lograr la aprobación de esta ley al Gobierno y asegura que ha sido “el único gobierno” que ha restituido este derecho a los ancianos.
García presenció la aprobación de la ley ayer en el plenario de la Asamblea y aunque no cuestiona a los diputados sandinistas por los cambios que sufrió la propuesta, reconoce que este derecho fue ganado “con lucha y sacrificio”.
García agregó que esta lucha seguirá ahora que tienen que negociar los montos de las pensiones con el Consejo Directivo del INSS, como quedó establecido en la Ley.
“Seguiremos en las calles siempre que haya reivindicaciones por conquistar”, expresó García.
Los diputados de la Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) hicieron un voto razonado a favor de esta ley, sin embargo el diputado Armando Herrera no dejó de cuestionar que esta ley fue inconsulta.
La Ley de Pensión Reducida fue aprobada por unanimidad en lo general, con noventa votos de los diputados presentes, sin embargo, en la aprobación de los cuatro artículos de esta ley, los diputados de la Alianza PLI propusieron dos mociones (modificación a un artículo de la ley) que fueron rechazadas por los orteguistas.
Una de las mociones proponía que se establecieran los montos de las pensiones reducidas de acuerdo con el número de cotizaciones que lograron los ancianos, en correspondencia a cuatro escalas de porcentajes con base en el salario mínimo vigente de la industria manufacturera, establecido actualmente en 4,062.79 córdobas.
Sin embargo, esto fue rechazado por los diputados sandinistas, quienes son mayoría en el plenario. Debido a esto los diputados de la Alianza PLI votaron en contra en la aprobación particular.
La mayoría de los diputados de la Bapli se retiraron del plenario luego de la aprobación general, para participar en una protesta ciudadana frente a la sede nacional del Consejo Supremo Electoral (CSE), lo cual fue cuestionado por la presidenta interina de la Asamblea, Iris Montenegro, quien dijo que tenían que estar en el plenario.
COSTO DE LA PENSIÓN
Los adultos mayores lograron la atención del gobierno de Daniel Ortega en junio de 2013, cuando se tomaron el edificio del INSS como forma de presión para que les cumplieran su demanda de una pensión reducida, lo que les valió agresiones y represión de parte de la Policía Nacional y de las turbas orteguistas.
Esta iniciativa fue respaldada por jóvenes agrupados en #OcupaInss quienes se mantuvieron en vigilia apoyando la causa de los viejitos a dos cuadras del edificio del INSS, hasta que fueron expulsados por las turbas orteguistas.
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