El canciller de Nicaragua, Samuel Santos, afirmó este 8 de mayo que el país ha logrado «reconstruir una excelente relación» con la Unión Europea (UE), la cual, admitió, tuvo «algunas situaciones» tras el regreso al poder de Daniel Ortega en enero de 2007.
«Hemos logrado reconstruir una excelente relación con la Unión Europea», dijo a periodistas el ministro, tras participar en la inauguración de una feria comercial y de turismo, en Managua, promovida por Europa en el marco del Acuerdo de Asociación con Centroamérica.
«Y consideramos que cada vez vamos avanzando para mejores estadios en la relación con la UE», agregó.
Santos recordó que tras el regreso al poder del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en 2007, mantuvieron «durante algunos días, en algún momento, algunas situaciones de análisis mutuos», en referencia a la suspensión de la UE al apoyo presupuestario al país centroamericano.
«Pero posteriormente los hechos han venido demostrando fehacientemente de que el Plan Nacional de Desarrollo Humano, el seguimiento que nuestro Gobierno le ha dado al quehacer y a la reconstrucción de Nicaragua ha sido tan excelente», valoró el jefe de la diplomacia nicaragüense.
La UE suspendió a Nicaragua la ayuda destinada a apoyo presupuestario, que fue retirada tras las cuestionadas elecciones municipales de 2008, ganadas ampliamente por los sandinistas y consideradas fraudulentas por la oposición, por identificar en el país incumplimientos de gobernabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.
La UE no fue invitada a servir de observadora de esos comicios municipales.
Europa también criticó las elecciones generales de 2011, en las que Ortega fue reelegido en medios de denuncias de fraude, y ofreció su cooperación a Nicaragua para mejorar un sistema electoral que definió como «poco transparente» y responsable del «retroceso en la calidad democrática».
En esa ocasión la UE propuso a Nicaragua 24 reformas para que las elecciones en este país centroamericano sean «creíbles» nacional e internacionalmente, sin éxito aún.
Dentro de las 24 recomendaciones, la UE sugirió a Nicaragua la aprobación, en consenso, de una nueva Ley Electoral que asegure un Consejo Supremo Electoral (CSE) conformado por magistrados profesionales, independientes y neutrales.
También pidió la aprobación de una ley de partidos políticos que «refuerce su autonomía y limite al máximo la injerencia» de los poderes Electoral y Judicial, que definió como «escasamente independientes».
Además, consideró urgente depurar el padrón electoral, permitir la observación local e internacional en todos los comicios y distribuir sin ningún impedimento las cédulas de identidad, válidas para ejercer el derecho al voto.