La Real Federación Española de Futbol (RFEF) comunicó ayer la suspensión “con carácter indefinido” de las competiciones de todas las categorías de ese deporte en el país a partir del 16 de mayo, debido a un conflicto con el Gobierno por cuestiones económicas, entre ellas la de la venta de los derechos de televisión.
La suspensión, si se mantiene como tal, amenaza al desenlace de la Liga española de futbol, ya que el fin de semana del 16-17 de mayo está programada la 37 y penúltima jornada, y la 38 y última una semana más tarde. También está amenazada la final de la Copa del Rey (Barcelona-Athletic de Bilbao), el 30 de mayo en el Camp Nou.
“Se acuerda suspender todas las competiciones de todas las categorías a partir del día 16 de mayo con carácter indefinido. Al mismo tiempo, y una vez más, reiteramos el ofrecimiento de diálogo por parte de la RFEF al Gobierno de España”, afirmó la Federación Española en su texto, después de una reunión de su junta directiva.
La RFEF relató en su comunicado su “disconformidad” con distintas cuestiones de reparto económico, relacionadas sobre todo con la supresión de beneficios de las quinielas (apuestas oficiales) y la comercialización de los derechos de televisión.
Pero las principales reclamaciones tienen que ver con el decreto ley, aprobada el viernes pasado por el Gobierno español para la venta centralizada de los derechos de televisión para el futbol nacional.
Esa venta centralizada permitirá a la Liga Española (LFP) negociar como un todo ante las operadoras para asegurar un reparto más equilibrado. El presidente de la LFP, enfrentado a la RFEF, había celebrado el decreto, considerando que permitiría el “desarrollo y crecimiento” del sector.
Molestos
La RFEF se quejó de que el Gobierno no le tuvo en cuenta en el proceso previo a la redacción del decreto, algo que considera “una falta de respeto y consideración al órgano rector de todo el futbol español”.
El organismo denuncia que una parte de ese dinero se utiliza “para políticas deportivas (…) ajenas al fútbol” y se queja de que “se nos adjudica el papel de garantes de los clubes de sus deudas tributarias y a la Seguridad Social”.
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