A nivel mundial se teme lo peor. Se dice que el mundo está en peligro y así lo están demostrando las altas temperaturas y daños ambientales que están prevaleciendo en los distintos puntos del mapamundi. Nicaragua es uno de los países donde se especula que habrá mayor caos que lo que le corresponde a Latinoamérica. Y ya estamos sintiendo los efectos del calentamiento global, y de las mortales emisiones de dióxido de carbono. Emisiones de gases, cambios climáticos, etc. Son fenómenos que se han agravado, castigando al ser humano que se empecina en desconocer los graves efectos y actúa como si nada va a pasar.
Hay potencias que actúan como el ser humano individual en materia de irresponsabilidad ante los daños causados, y así como el ser humano no repara en advertencias y señales de peligro, tampoco esas grandes potencias no reparan en el daño que causan a la humanidad con sus planes expansionistas. Desarrollistas. Ese es el caso de China, la potencia ideológicamente comunista, pero económicamente capitalista, que quiere obcecadamente terminar con el gran Lago de Nicaragua, una de las mayores reservas de agua potable existentes en la región, patrimonio de la humanidad, y tesoro tangible de los nicaragüenses.
Es imperioso el convocar a un foro internacional de especialistas en campos afines para que estudien a fondo los supuestos logros o ventajas y las múltiples desventajas de este proyecto chino del gran Canal y en nombre de la humanidad evalúen los efectos catastróficos que conlleva el proyecto amarillo y los publiciten a nivel mundial, destacando su similitud con otros proyectos absurdos que han realizado los chinos, recuérdese el gran salto hacia adelante impulsado por Mao.
Las Naciones Unidas, la comunidad europea, los pueblos y gobiernos latinoamericanos deben de combatir legalmente este pretendido asalto a la convivencia pacífica de los pueblos del mundo. No cabe duda que el Gobierno de Nicaragua por los intereses personales propios de los círculos de poder que están en torno a la presidencia, no ha vacilado en darle a los chinos la soberanía empaquetada en el proyecto del indeseable Gran Canal Interoceánico. La falta de honestidad, de respeto a la legitimidad de las instituciones que se supone deben resguardar la soberanía nacional como son el Ejército, la Policía, la Procuraduría de Justicia, la Asamblea Nacional, la “Corte Suprema de Injusticia”, todas ellas se han entregado a los apetitos descomunales del binomio presidencial aferrándose al hueso o a las prebendas disponibles.
Todo este caos que ahora se está redoblando en nuestra patria, se originó después de que por desgracia para el país, se procediera a hacer una avergonzante reforma constitucional, basada en una increíble, por ilegal, sentencia dictada por los magistrados de la “Corte Suprema de Injusticia”, concediéndole la reelección al señor Ortega, junto con una serie de funcionarios de toda laya.
Este caos político, para Nicaragua, de igual envergadura al caos global que he señalado al principio, ha propiciado desde entonces un verdadero desbarajuste electoral que no tiene comparación con otras latitudes, y que tiene efectos multiplicadores hasta estos nuevos períodos electorales, para gran satisfacción de las altas esferas de poder que así tendrán la posibilidad de continuar esquilmando al Estado, por medio de los métodos más pérfidos que se conozcan en la historia de las actividades electorales delictivas.
Por ello, ante la inexistencia de una verdadera oposición política lo suficientemente sólida, coherente, bien cimentada, muy respetuosa de sus principios programáticos-democráticos, lista para enfrentar el caos general que nos domina, y la existencia de aceitadas estructuras y mecanismos gubernamentales bien montados y con gran experiencia, las tan mentadas próximas elecciones generales del 2016, no constituyen ningún proceso electoral creíble, legítimo, y el pueblo así lo sabe y comprende. De ahí que su sabia postura va a residir en abstenerse de participar en una mascarada, esperando que el caos futuro termine devorando a sus propios creadores.
El autor es abogado, directivo del PUCA.
