La Justicia de Panamá tiene un plazo máximo de tres meses para investigar por corrupción al expresidente y ahora diputado centroamericano, Ricardo Martinelli, quien puede enfrentar un juicio expedito en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, explicaron expertos juristas.
La Corte Suprema de Justicia informó el pasado jueves del inicio de la investigación contra Martinelli (2009-2014) por delitos contra la administración pública y precisó que los magistrados designados para el caso comenzarán hoy las diligencias.
Se trata de una investigación sumaria a cargo de una institución “muy cerrada”, como lo es la máxima corte, por lo que difícilmente su desarrollo se hará público, coincidieron los juristas consultados por Acan-Efe.
“Mañana no podemos esperar que haya unos magistrados hablando, aquí en Panamá los magistrados hablan por sus fallos, nunca usted va a ver a un magistrado hablando a los medios de comunicación” en medio de un proceso, afirmó el abogado Ernesto Cedeño.
El pasado 28 de enero, cuando se admitió el conocimiento de la causa penal contra Martinelli, quien ese mismo día salió del país, el Supremo designó a sus magistrados Oydén Ortega como fiscal y Jerónimo Mejía como juez de garantías de la misma.
El exgobernante, quien está en Miami (EE. UU.) según dijo a Acan-Efe uno de sus abogados, Sydney Sittón, es investigado por la compra con supuesto sobrecoste de comida deshidratada a través del estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN), organismo que firmó un contrato para ello por 45 millones de dólares.
Durante esta etapa el magistrado fiscal puede pedir medidas cautelares, como la detención provisional de Martinelli, a través de Interpol si continuara fuera del país.
Las leyes de cada país
Martinelli será juzgado bajo este sistema porque es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la norma de ese organismo establece que sus integrantes están sujetos a las leyes que en cada país rigen para los legisladores. Una vez cerrada la investigación, el magistrado fiscal “tiene que pedir llamamiento a juicio o sobreseimiento. Las pruebas le pueden motivar que llame a juicio o que archive la causa”, dijo el abogado Cedeño.
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