Ambientalistas que han trabajado por la protección medioambiental de la Reserva de Biosfera del Sureste de Río San Juan y sus áreas protegidas, coinciden en que como resultado del juicio que se ventila en la CIJ de La Haya, por la construcción de la carretera tica, la obra sea inhabilitada y vuelva el entorno a su estado natural.
Norwin Torres, director de la Fundación Amigos del Río San Juan (Fundar), dijo que la expectativa de los nicaragüenses es que se frene la obra para evitar los daños irreversibles al río, que se traducen en la disminución de la navegabilidad, pérdida de especies acuáticas hasta en un cincuenta por ciento, irrupción a la conectividad biológica y la desaparición de aves nativas como la lapa verde y migratoria y en resumen la degradación de la cuenca que Nicaragua comparte con Costa Rica.
Para este ambientalista, los jueces de la CIJ deberán tomar en cuenta que Costa Rica no realizó estudio de impacto ambiental, no planificó la construcción y la misma Asociación de Ingenieros en construcción de Costa Rica consideró un desastre ambiental en unos cuarenta kilómetros río debajo de las trescientas millas náuticas de El Castillo.
Antonio Ruiz, director de la organización ambientalista Fundación del Río, señaló que como resultado del juicio debería suspenderse la construcción de la carretera. “La carencia del Estudio de Impacto Ambiental, la premura y prácticas empleadas de obras provisionales Costa Rica no logra demostrar que no hay impacto, los estándares aplicados son deficitarios”.
Para Ruiz, los impactos a la cuenca del río San Juan están documentados ampliamente. “En la trocha se muestran a lo largo de esta vía y han tratado de enmascararse con la instalación de sarán o mallas para minimizar el impacto visual. En el primer momento instalaron con premura de color negro y ahora es de color verde. Esto no frena los impactos derivados de la remoción de suelos. El impacto visual aéreo muestra cómo en diversos tramos esas coberturas son más densas”.
COSTA RICA NIEGA DAÑOS
Costa Rica negó ayer los argumentos de Nicaragua acerca del impacto que tendría la construcción de una carretera a lo largo del río San Juan, en la última jornada de audiencias públicas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que decide sobre el litigio fronterizo que mantienen desde 2010.
“No hay evidencias empíricas del impacto”, declaró el abogado de Costa Rica, Samuel Wordsworth, en sus alegatos finales, en los que incidió en que no existen “estudios por parte de Nicaragua” que muestren “los hipotéticos daños”.
El profesor de Derecho Internacional del Instituto Internacional de Ginebra, Marcelo Kohen, quien intervino en la audiencia de ayer, afirmó que “Costa Rica no ha realizado ninguna actividad ilegal en el río San Juan” y que “ni siquiera la sedimentación ha sido probada” por parte de Nicaragua.
NICARAGUA EXIGE RESPETO A SUS DERECHOS
Frente a los argumentos de San José, el embajador nicaragüense Carlos José Argüello pidió el jueves a la CIJ que se respeten los acuerdos del tratado Cañas-Jerez de 1858 sobre los límites fronterizos entre ambos países, y solicitó que “Costa Rica respete y no viole estas fronteras”.
En su turno de intervención, Argüello mostró la preocupación de Nicaragua por el impacto de la carretera, y su embajador en Holanda solicitó a la CIJ que garantice que la construcción de esta carretera “cumple con los estándares internacionales de seguridad”.
Además, el diplomático pidió a la Corte que se exija a Costa Rica “la obligación de no dañar territorio nicaragüense”, según exige la ley internacional, la convención Ramsar y los diferentes acuerdos entre Costa Rica y Nicaragua.
Asimismo, exigió la “defensa de los derechos de Nicaragua” y que se adopten “las medidas necesarias para mitigar los daños causados en el río San Juan y alrededores”, así como “la compensación por todos los costes de los daños” que a su juicio han ocasionado las actividades de Costa Rica.
EFECTOS SOCIALES NEGATIVOS
El ambientalista también señala los efectos negativos a nivel social como el detrimento de los vínculos económicos y transfronterizos. “Los aspectos de colaboración ambiental transfronterizas se ha visto reducida y las instituciones están inhibidas de encontrar puntos de interés común”.
Considera que el turismo que se advierte como una oportunidad para las economías locales, han menguado. La sentencia de La Haya, por muy salomónica que sea, y que ambos gobiernos anuncian con acatar, a lo inmediato abrirá nuevas diferencias. La anexión de islotes, propiedades, militarización de la zona son un patrón de lo que se avecina como relación fronteriza”, advirtió.
José Luis Galeano, exsecretario de la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua, considera que la instalación de malla sarán es una medida desesperada de Costa Rica y un maquillaje al daño irreversible al río San Juan para pretender hacer ver que están tomando medidas de mitigación a los impactos ambientales evidentes que ha dejado la carretera tica.
“Con el tipo de suelo que tenemos la malla sarán no va a contener el derrumbe del suelo completamente arcilloso y de vocación forestal, el suelo seguirá derrumbándose. La única medida de mitigación es hacer un muro de contención, de concreto”, apuntó.
“Ya han pasado más de dos años, y el daño está hecho, no están tomando las medidas de mitigación correctas”, señaló.
El también exdelegado del Marena recomendó que para mitigar los impactos que pueden ocasionar los deslaves o erosión el suelo al río San Juan crear un equipo multidisciplinario que incluya geólogos, biólogos, ingenieros civiles agrónomos, forestales para discutir e implementar las medidas adecuadas y enfrentar el impacto de la carretera.
PLAZO PARA EMITIR FALLO
Una vez finalizadas las dos rondas de audiencias orales de estas últimas semanas, comienza el plazo para que la CIJ delibere sobre el caso.
La disputa que mantienen ambos países centroamericanos desde hace cinco años tiene su origen en una demanda presentada por Costa Rica en 2010 por una supuesta invasión de Nicaragua a su territorio en la zona Isla Calero, un sitio que pertenece a Nicaragua al que denomina Harbour Head. Costa Rica amplió esa demanda en 2013 y los jueces decidieron agregar la demanda de 2011 de Nicaragua contra Costa Rica por los daños caños causados al río San Juan por la carretera. El plazo para las deliberaciones normalmente duran entre 4 y 6 meses.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
