Las declaraciones finales de hoy por parte de Costa Rica pusieron fin a tres semanas de audiencias públicas sobre la disputa que ambos países mantienen por la frontera desde 2010.
Frente a los argumentos de San José, el embajador nicarag ense pidió este jueves a la CIJ que se respeten los acuerdos del tratado Cañas-Jerez de 1858 sobre los límites fronterizos entre ambos países, y solicitó que «Costa Rica respete y no viole estas fronteras».
Además, el diplomático pidió a la Corte que se exija a Costa Rica «la obligación de no dañar territorio nicarag ense», según exige la ley internacional, la convención Ramsar y los diferentes acuerdos entre Costa Rica y Nicaragua.
Asimismo, exigió la «defensa de los derechos de Nicaragua» y que se adopten «las medidas necesarias para mitigar los daños causados en el río San Juan y alrededores», así como «la compensación por todos los costes de los daños» que a su juicio han ocasionado las actividades de Costa Rica.
Una vez finalizadas las dos rondas de audiencias orales de estas últimas semanas, comienza el plazo para que la CIJ delibere sobre el caso.
La disputa que mantienen ambos países centroamericanos desde hace cinco años tiene su origen en una demanda presentada por Costa Rica en 2010 por una supuesta invasión de Nicaragua de su territorio en la fluvial Isla Portillos o Isla Calero, cercana a la costa del Caribe.
Nicaragua, por su parte, afirma que esa zona, a la que denomina «Harbour Head», le pertenece.
En septiembre de 2013, Costa Rica amplió la demanda al denunciar ante la CIJ que Nicaragua abrió dos caños más en la zona en disputa, pese a que la Corte había ordenado a ambos países medidas cautelares como mantener despejado el sitio.
Por otro lado, los jueces decidieron agregar al caso una demanda de 2011 de Nicaragua contra Costa Rica por supuestos daños ambientales al río San Juan durante la construcción de una carretera de lastre de unos 160 kilómetros que corre paralelo al afluente.
El plazo para las deliberaciones normalmente duran entre cuatro y seis meses, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas.
