El director de Centros Penales de El Salvador, Rodil Hernández, aseguró que el traslado de más de 1,800 reos a distintas cárceles «forma parte de la política integral de seguridad que implementa el gobierno» para el «desmantelamiento de estructuras que operan desde estos centros».
«Todo esto (…) tiene como propósito desestructurar todas estas prácticas negativas del pasado, poder provocar un rompimiento de esas estructuras que todavía quieren y siguen delinquiendo desde centros penales», aseguró el funcionario en la televisión estatal.
Detalló que el traslado en los últimos días de más de 1,800 privados de libertad «no ha sido al azar» y que «se trata de un esfuerzo de coordinación entre la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Centros Penales, la Fiscalía General de la República y jueces».
«Lo que estamos buscando es romper los lazos de control, de comunicación que puedan tener algunos privados de libertad sobre otros en los centros y es algo que hemos estado logrando», dijo Hernández.
El director de Centros Penales también señaló que «están en curso distintos proyectos con el fin de mejorar el sistema penitenciario», para «garantizar la seguridad a los salvadoreños» y «brindar oportunidades de rehabilitación a los privados de libertad».
Aseguró «en los próximos meses dará inicio el proceso para la implementación de brazaletes electrónicos que servirán para disminuir la saturación en los centros penitenciarios».
«Van a venir días mejores también en el sistema penitenciario, tenemos ya mucho del financiamiento que por años habíamos esperado para implementar otra serie de medidas de control y de rehabilitación», concluyó.
