El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró ayer que el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco, detenido el jueves por fraude fiscal, tenía cualidades para el cargo y reiteró varias veces que la SAT es un organismo independiente con una ley orgánica propia y que él, personalmente, no recibió “ninguna influencia” para hacer ningún tipo de nombramiento.
El jueves, el Ministerio Público informó sobre el arresto de Franco, su antecesor, Carlos Enríquez Muñoz Roldán y 18 personas más, señalados de integrar una banda que cobraba “sobornos” en las aduanas nacionales obteniendo millonarias “ganancias ilícitas”, según la Fiscalía.
El proceso investigador que destapó este caso de corrupción inició hace un año por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que indicó que la estructura no solo estaba implicada en el contrabando y en la defraudación aduanera sino, también en la colocación de funcionarios superiores en la SAT.
«El involucramiento de altos funcionarios de la administración pública (…) revela la significativa penetración de grupos criminales en el Estado guatemalteco». Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en un comunicado.
Con la captura de Franco y Muñoz “se está desnudando una realidad y es que el Estado de Guatemala está capturado por redes mafiosas que tienen el respaldo del más alto nivel del Gobierno”, aseguró el jueves Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Para él, al destapar el funcionamiento de esta “red mafiosa” en la SAT, se evidencia que “hay redes similares en todo el Estado de Guatemala”, como la Policía y el Poder Judicial.
La investigación alcanzó a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, señalado como uno de los principales operadores. Pérez Molina informó ayer que Monzón, viajará a Guatemala para presentarse ante el Tribunal y explicar su participación en la red.
DRÁCULA CUIDA LA SANGRE
“Se está confirmando aquel dicho de que lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad es que se nombre a Drácula como guardián del banco de sangre”, ironizó Marco Antonio Barahona, experto del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), sobre la participación de altos funcionarios en la defraudación.
“Si el presidente teniendo una sospecha nombró a Franco me parece que no fue una buena señal para inversionistas, empresarios ni para la sociedad en general”, dijo.
Franco, quien asumió el cargo en enero, fue detenido un día después de reunirse con Pérez para revisar una disminución en la recaudación tributaria. Él y Muñoz fueron nombrados por el gobernante para dirigir la SAT.
CICIG SE CONSOLIDA
La participación de la Cicig en el desmantelamiento de esta red fortaleció la postura de activistas de derechos humanos y organismos internacionales que consideran necesaria la permanencia del ente en el país para combatir la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.
Sin embargo, el mandato de la Cicig termina en septiembre, tras ocho años de labores, y el presidente Otto Pérez se ha mantenido reacio a solicitar una prórroga, argumentando que el organismo ya cumplió su misión.
Ayer, el presidente no quiso desvelar si la desarticulación de la red por la Cicig supondrá la continuidad del ente, pero aseguró que este hecho demostró que sí tiene “capacidad”. Afirmó que esta operación, “si no es la primera, es la estructura más grande” que la Cicig desarticuló en el país desde su creación en 2007. Aún así, reiteró que la investigación fue una petición del Gobierno de Guatemala.
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