Y es un misterio, cada nueva despedida, con un olor a fuego verde y rosas idas. Miguel Hernández.
Los grandes retos de la gestión pública en Nicaragua es administrar los escasos recursos con que cuenta el país, incluyendo el sector eléctrico. Recientemente el gobierno sometió a aprobación la “Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor” para distribuir el ahorro originado por la reducción del precio del petróleo. La Ley establece que los recursos serán distribuidos de la siguiente forma: 35 por ciento para reducir la tarifa eléctrica, 35 por ciento a un fondo de combate a la pobreza y 30 por ciento al abono de la deuda con Alba Caruna.
Se debe felicitar la decisión del gobierno de reducir la tarifa eléctrica. De igual forma se debe apoyar el repago de la deuda a Alba Caruna, no solamente por un tema de principios, si no también por una lógica económica. La tarifa tiene una deuda de US$$ 190 millones y de estos hay US$$ 45 millones de esa deuda están con una tasa de interés comercial, no concesional del 8 por ciento. Tiene sentido para una empresa que va a generar una tasa de retorno superior, sin embargo la tarifa eléctrica no genera retornos, la tarifa tiene un carácter social. Esta deuda debe haber generado a la fecha alrededor de US$$ 9 millones en intereses que deben sumarse a la deuda total, por lo que resulta conveniente ir abonando al principal de dicha deuda.
En cuanto a los programas de combate a la pobreza que el gobierno impulsa, hay que ser enfático con el apoyo que todos los sectores deben brindar a dichos esfuerzos, sin embargo, no hay sustento económico a la decisión de extraer recursos del sector eléctrico para este fin.
Por una parte, dentro de toda la lógica de administración de los escasos recursos, el combate a la pobreza ya tiene destinados recursos sustantivos provenientes de la cooperación internacional y el presupuesto de la República, aún con la caída del precio del petróleo. Por otra parte, queda el cuestionamiento de por qué extraer recursos de un sector que es altamente ineficiente, que está altamente endeudado y que además está demandando una reducción sustantiva en la tarifa eléctrica, no solamente como un alivio a la alta factura que pagamos todos los consumidores, sino también como apoyo a la estrategia de atracción de nuevas inversiones que contribuyan al crecimiento económico y generación de empleos.
Estoy convencido que los ahorros en la tarifa debieron destinarse exclusivamente a la reducción de la tarifa y al repago de la deuda, sin embargo, si había la posibilidad de considerar un tercer componente, este debió ser un programa de reducción de pérdidas en el sector eléctrico lo cual no es un gasto, sino una inversión. Actualmente el porcentaje de pérdidas en las redes de distribución es alrededor del 21 por ciento (En Costa Rica las pérdidas son 11.6 por ciento). Por cada punto porcentual que Nicaragua logre reducir las pérdidas significa aproximadamente $$6.5 millones de dólares de ahorros. Invertir en la redes de distribución tiene un retorno que beneficia a la sociedad en su conjunto.
Finalmente, cabe mencionar que en la tarifa eléctrica ya existen los subsidios cruzados, es decir, los segmentos cuya tarifa está por encima del Precio Medio de Venta que la Distribuidora subsidia a aquellos segmentos que están por debajo de dicho precio medio de venta. Por ejemplo, el sector domiciliar de alto consumo subsidia al sector domiciliar de bajo consumo. Extraer recursos del sector eléctrico que conceptualmente deben ser destinados a reducir tarifa se convierte en una carga adicional para estos sectores que ya subsidian a los de bajo consumo.
El precio del petróleo sigue bajo, la tarifa sigue generando ahorros, sería prudente, ahora que se han generado algunos recursos, priorizar la eficiencia en las redes de distribución. Recordemos que tarde o temprano regresarán los precios altos del combustible y si no actuamos ahora, habremos desaprovechado otra oportunidad y mostraremos quienes somos y de que estamos hechos.
El autor es Gerente de País, IC PowerNicaragua.
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