Improperios, empujones, bolsazos de agua y hasta puñetazos y patadas recibieron ciudadanos que se manifestaban en contra del proyecto del Canal Interoceánico la tarde del sábado de parte de desconocidos.
Unas 15 personas del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional, ciudadanos y miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) se reunieron ayer en el sector del Gancho de Caminos en el mercado Oriental de Managua para entregar volantes con información sobre la Ley 840 (Ley del Gran Canal). Ahí fueron víctimas del ataque.
A eso de la 1:30 p.m. llegó un grupo, claramente organizado, porque llegaron todos al mismo tiempo gritando y de repente uno de ellos empezó a empujar a Henry (Ruiz) y empezaron también a forcejearle. A Moisés Julián también lo patearon, que es otro de los jóvenes que estaba protestando; a otro compañero y a mí nos tiraron bolsas de agua en la cara, narró Suyén Barahona, miembro de la dirección nacional del MRS.
Henry Ruiz, miembro del Consejo Nacional detalló que a unos cincuenta metros de donde se produjo la agresión había policías de Tránsito, pero ninguno de estos actuó.
Para Ruiz, las personas que ejecutaron la agresión son miembros de las turbas orteguistas y manejan el mismo discurso del Gobierno, de que el Canal va a traer progreso, entonces ahí dejan ver que no conocen la Ley.
Esto es un reflejo del temor del gobierno de (Daniel) Ortega a que la gente obtenga información veraz sobre este tema porque está claro que la gente va a tomar una posición, afirmó Barahona.
Según Ruiz, lo que buscaban con la entrega de volantes informativos es ir trabajando en la conformación de un consejo departamental en Managua y así ir agotando todas las vías cívicas y pacíficas que como ciudadanos tenemos para luchar contra el Canal.
Más represión
El ataque a los ciudadanos que entregaban volantes sobre la Ley 840 (Ley del Canal) en el Gancho de Caminos, se suma a la lista de actos represivos que han vivido quienes se manifiestan en contra del Canal.
Un ejemplo es la agresión ejecutada por la Policía Nacional contra campesinos en Rivas y El Tule, Río San Juan, el 23 y el 24 del pasado diciembre, respectivamente.
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