Setal Engenharia y SOG Oleo e Gas admitieron ayer ante el estatal Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE), que formaron parte de un cartel integrado por 23 empresas por el que se distribuían contratos de la petrolera Petrobras a cambio del pago de millonarios sobornos. Según la Fiscalía, el volumen de recursos desviados en la última década asciende a unos 646 millones de dólares.
Las dos empresas firmaron un acuerdo de confesión con CADE a cambio de la reducción de las sanciones que les pueden ser impuestas por la violación de las leyes de libre competencia.
Además de dar una lista de los miembros del cartel, entre los que incluyeron las mayores constructoras de Brasil, como Camargo Corra, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvo y UTC Engenharia, las delatoras dijeron que el sistema comenzó a funcionar en la década de 1990 pero que ganó más intensidad y frecuencia a partir de 2003, con la llegada al Gobierno del Partido de los Trabajadores.
Agregaron que la distribución de los millonarios contratos entre los miembros del grupo exclusivo fue posible gracias a la decisión de Petrobras de sustituir las licitaciones públicas por invitaciones especiales como forma de escoger a sus contratistas.
A lo largo de las investigaciones, la Policía arrestó a decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco exaltos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena, y además ha abierto investigaciones a cerca de cincuenta políticos.
La legislación prevé multas de entre el 0.1 y el 20 por ciento de la facturación para las empresas contra las que se demuestre que formaron parte de carteles para dificultar la libre competencia. Mediante el acuerdo de confesión, el CADE ofrece una reducción de hasta dos terceras partes de la multa y librarlas de otras sanciones.
61% de todas las compras hechas por Petrobras entre 2003 y 2012, por un valor de unos 66,666.7 millones de dólares), fue adjudicada a empresas que recibían invitaciones para disputar los contratos y no por licitación, según datos de prensa.
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