Para muchos es asombroso y triste ver que en la Nicaragua del siglo XXI tengamos que volver a usar la denominación de Preso de Conciencia, acuñada por Amnistía Internacional en 1961 y que comprende a las personas que por prisión u otras causas se les impide expresar cualquier opinión que honestamente mantienen sin recurrir al uso de la violencia ni justificar la misma.
La condena contra el Teniente Primero, Yader Montiel, por haberse solidarizado con las víctimas de la represión desatada ante las protestas en contra del Canal, califica para incluirlo en esta categoría de víctimas de la persecución judicial por el solo hecho de emitir una opinión.
Con la aprobación de la Ley número 855 de Reformas y adiciones al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, se pudo apreciar cómo el Ejército pasaba de la subordinación legal a la sumisión total ante el dictador, quien mediante la aprobación de las nuevas normas pretendió legalizar el control político y la plena instrumentalización de las fuerzas militares.
El hecho de que el secretario político del partido de gobierno haya sido el impulsor de la captura y enjuiciamiento del teniente Montiel, entrenado para salvar vidas, pone en evidencia la pérdida del profesionalismo e independencia con que debería actuar el Ejército de Nicaragua y en especial la justicia militar.
La conducta atípica incurrida por el procesado a quien se le pretende sancionar, sin que esta encaje dentro de la descripción penal del delito contra el decoro militar, nos muestra la persecución política de la que es capaz una institución que ha perdido su razón de ser y a la que se pretende transformar en una guardia pretoriana y cipaya al servicio de los negocios del Canal, en vez de buscar cómo prevalezca el diálogo y la transparencia que han recomendado nuestros obispos.
La condena que se ha impuesto en este caso, no solo es una vergüenza para el verdadero decoro militar, sino que nos ubica junto a las más represivas dictaduras del socialismo del nuevo siglo que como un gran vuelo de cuervos mancha la libertad del continente americano.
Con la detención del oficial Montiel quien ha hecho gala de su solidaridad y compromiso con los derechos humanos de los ciudadanos que protestan, se ha pretendido criminalizar la libertad de pensar y de opinar, con su prisión no solo se están afectando los derechos del correcto y ponderado militar, junto con él se encuentran secuestrados nuestros derechos ciudadanos y la más elemental de nuestras libertades, inútilmente protegida por la Constitución de la República.
El aforismo jurídico nulla poena sine lege debería tener plena aplicación en este caso, cualquier conocedor de la ciencia del derecho con la sola lectura del artículo 175 del Código Penal Militar puede razonar las conductas ahí descritas y que se consideran delitos, no pueden ser aplicables al caso que nos ocupa, a mi entender no procede hacer la subsunción entre la conducta del militar y la descripción contenida en la norma.
El juzgador ha olvidado los más importantes principios y garantías penales contenidos en el Código Penal Militar; espero que en la apelación relean los artículos que exigen la aplicación del Principio de Legalidad, del Principio de Lesividad y de Responsabilidad Subjetiva y del Principio de no Interpretación Extensiva y Aplicación Analógica.
Gracias a Dios la historia hace círculos para unos y para los otros. Ya los cuervos de La Habana engordados por el petróleo venezolano van de retiro y las notas de una nueva canción de vida y esperanza empiezan a escucharse en diferentes puntos de nuestra América.
El autor es Abogado.
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