La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, consideró que “es mejor” que las trabajadoras sexuales nombren a una líder como facilitadora judicial para solucionar entre ellas sus conflictos y evitar que lleguen sus casos a los juzgados.
“Es la mejor manera de hacerlo, porque ellas a veces se sienten discriminadas por el resto de la comunidad”, dijo la magistrada, al ser consultada por periodistas en Managua.
“Para evitar que hayan discrepancias, es mejor que entre ellas mismas elijan a sus líderes para que puedan, entre ellas, dirimir sus conflictos”, continuó.
Representantes de la no gubernamental Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles Nicaragua (RedTraSex Nicaragua) integrarán el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
Los facilitadores judiciales no juzgan, ni defienden, ni acusan, su trabajo es servir como “puente de comunicación entre los operadores de justicia y la comunidad”, de acuerdo a los estatutos de la Corte Suprema.
En el caso de las trabajadoras sexuales, ellas harán “lo mismo que hacen los demás facilitadores, que es promover mediaciones para evitar que las cosas lleguen a más, o que vayan a un juzgados”, en asuntos que son menores, explicó Ramos, quien aclaró que no pueden mediar cosas que sean delitos mayores.
Un grupo de 11 integrantes de la RedTraSex serán capacitadas para convertirse en capacitadoras judiciales.
Las trabajadoras sexuales están entre los grupos de población que todavía sufren discriminación por algunas autoridades en Nicaragua.
Unas 14.486 mujeres se dedican al trabajo sexual en Nicaragua, de las cuales el 14 % se encuentra organizado, según las estadísticas de la RedTraSex.
Los facilitadores son operadores de justicia que no pueden ser abogados, militares o policías ni tener antecedentes penales, ofrecen sus servicios sin cobro o retribución, y son electos en sus comunidades y nombrados por jueces acreditados por la Corte Suprema.
Atienden causas civiles, casos de violencia intrafamiliar menos graves, entre otros, y a nivel regional hay más de 7.000 que promueven, a través de la participación ciudadana, el acceso a la justicia, de acuerdo a la información oficial.
El modelo de facilitadores judiciales, promovido por la OEA y que ganó el premio a la Justicia Innovadora en La Haya, consiste en que líderes comunitarios mayores de edad resuelvan fuera de los juzgados casos menos graves.
El programa de facilitadores judiciales es implementado en Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay.
En Nicaragua ese programa nació en 1998, cuando en las montañas de una comunidad rural llamada Waslala (norte), un juez local pidió a un líder comunitario le ayudara a resolver cientos de casos de campesinos que exigían una solución inmediata a sus problemas legales.