Ante el temor que la nueva Ley de Sociedades de Inversión no establezca los mecanismos necesarios para evitar que el país se convierta en un paraíso fiscal o destino atractivo para capitales de dudosa procedencia, los diputados de oposición evitaron firmar el dictamen de mayoría que emitió ayer la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El dictamen de la Ley de Sociedades de Inversión fijó en treinta millones de dólares (unos ochocientos millones de córdobas) el monto del capital inicial para el establecimiento de una Sociedad de Inversión.
La propuesta de ley contemplaba un capital inicial de 11.20 millones de dólares.
El monto mínimo de los créditos que otorgarán se mantuvo en dos millones de dólares.
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“Queremos incluya los mecanismos para que se cumpla la vigilancia de la Unidad de Análisis Financiero y de la Superintendencia de Bancos, que asegure que los fondos sean de procedencia lícita y que sean una competencia sana para el Sistema Financiero, que no sean como Albanisa que el Estado tiene una gran injerencia y pueda afectar a otras instituciones del sistema”, apuntó el diputado opositor Carlos Langrand.
También se debe garantizar que estas sociedades de inversión no se conviertan en plataforma para generar algún tipo de negocio que termine en estafa, dijo el diputado Eliseo Núñez Morales, quien estima que la ley es muy básica y se apoya en otras leyes para los temas de control.
“Por esto la probabilidad de que nosotros (Bapli) emitamos un voto razonado es alta, pero el Gobierno tiene todos los votos para aprobarla”, lamentó.
Por su parte el presidente de la Comisión Económica, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, afirmó que ante la carencia de una banca de inversión, esta ley pretende continuar convirtiendo al país en una plataforma de inversiones nacionales y extranjeras de mediano y largo plazo.
Según Gutiérrez, el dictamen que en los próximos días se llevará al plenario legislativo para su aprobación, le otorga un rol preponderante a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero para garantizar que la procedencia y el origen de los recursos sean lícitos.
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