Aviones caza rusos, cargos para los militares retirados, cargos para militares “en comisión de servicio”, reelección indefinida de los altos mandos del ejército, militares en control de las comunicaciones… pareciera que la vida es imposible sin los hombres armados, pareciera que este país no entiende su historia y quiere repetirla, otra vez el caudillo, otra vez los fraudes electorales, otra vez una familia en el poder, otra vez una dinastía en ciernes.
Daniel Ortega, por entrenamiento o instinto, entiende bien los tres orígenes fácticos del poder: la riqueza, la religión y las armas. Hoy quiero ocuparme del último y es el que probablemente mejor entienda Ortega, pues su irrupción en la política nicaragüense fue fusil en mano y luego durante los años ochenta fue actor principal de la fatídica guerra civil que nos costó miles de muertes y devastación económica.
Al inaugurar su nuevo mandato en el año 2007, Ortega encuentra un Ejército camino de la profesionalización, un par de promociones y retiros más dejarían atrás la oficialidad ideologizada y con origen partidario, estábamos en el umbral de un ejército cuyos valores se cimentarían en la ley y no en su conexión emocional con el sandinismo, un ejército que nos sirviera a todos. Evidentemente esto no le servía a Ortega y su proyecto.
Así inicia una serie de acciones encaminadas a revertir la institucionalidad de las fuerzas armadas y la Policía, a la par de la regresión institucional de todo el Estado en su conjunto, es el inicio de un proceso simbiótico en el que Ortega se despoja del sustento legal que le dan el estado de derecho y las elecciones libres, pero a la vez se ve obligado a pagar el precio de que sean los poderes fácticos y no las leyes quienes lo mantengan en el poder.
Es así como todas las concesiones a los militares terminan siendo el pago de la factura por el rompimiento institucional, pero este pago solo es el inicial, pues aquí se activa una espiral de apoyo y pagos mutuos que en tiempos de Somoza nos llevó hasta los inverosímiles como “el peso del coronel”, que no era más que una coima “institucional” que se daba a la entrada de algunos poblados con el fin de enriquecer al jefe militar de la zona.
Todavía no se cobra el peso del coronel, aún no tenemos al primer chigüin de la dinastía instalado en el poder, pero hemos iniciado el inexorable camino hacia ahí. La sustitución de los símbolos patrios por símbolos partidarios, las lealtades personales y abandono de la institucionalidad nos indican que no entendimos la historia.
Los actuales militares parecen no saber que aún sonaban en las cabezas de la Guardia Nacional los gritos de: “no te vas, te quedás” que miles de empleados públicos y militantes partidarios repetían en la plaza de la República en apoyo al régimen cuando Somoza huyó en su avión solo con unos cuantos generales, amigos y familiares. Tras él dejaba a la gran mayoría de su leal ejército que sufrieron vejámenes y venganza a manos de quienes erigiéndose en libertadores del pueblo, los asesinaron, torturaron y encarcelaron. Esos mismos libertadores que hoy abandonan sus máscaras y nos dejan claro que derrocaron a Somoza porque solo querían: su propio dictador, su propia dinastía, su “peso del coronel”.
El autor es diputado del PLI.
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