El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó ayer un recurso de urgencia para pedir la suspensión del fallo dictado hace una semana por el juez de Texas, Andrew Hanen, que impide la entrada en vigor de las medidas migratorias del presidente Barack Obama para regularizar temporalmente a cinco millones de indocumentados.
Brian Fallon, un portavoz del Departamento de Justicia, confirmó en su cuenta de Twitter la interposición del recurso ante una corte federal de Brownsville (Texas). Hanen ordenó suspender temporalmente las acciones ejecutivas por una demanda que pone en duda su constitucionalidad, presentada por 26 estados, liderados por Texas.
Con el recurso presentado ayer, el Departamento de Justicia da un plazo de dos días al juez Hanen para que levante de forma temporal esa suspensión, mientras el Gobierno continúa con el proceso de apelación. Según argumenta el Departamento de Justicia, Hanen no tiene la autoridad necesaria para bloquear las medidas migratorias del presidente.
En el texto enviado a la corte de Brownsville, el Gobierno estima que, como mínimo, el juez debería limitar la aplicación de su fallo al Estado de Texas, que es el que encabeza la demanda contra las medidas de Obama, explicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
En caso de que el juez Hanen rechace el recurso se prevé que el Departamento de Justicia acuda a la corte federal de apelaciones del Quinto Circuito, situada en Nueva Orleans y considerada una de las más conservadoras del país.
LOS AFECTADOS
El miércoles pasado debió haber entrado en vigor la primera parte del plan ejecutivo de Obama, que consiste en la ampliación del programa Acción Diferida (DACA), que inició en 2012 y que ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes, a los que se conoce como “soñadores”.
El fallo también afecta al programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
La gran mayoría de los estados involucrados en la demanda contra las medidas de Obama está en manos de republicanos y también protagonizan un movimiento en el Congreso para bloquearlas dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de su aplicación.
La fecha límite para llegar a un acuerdo sobre el DHS es el 27 de febrero, cuando se agotan los fondos con los que cuenta ese departamento para operar.
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