La Comisión por la Verdad y Reconciliación, encabezada por el Arzobispo Desmond Tutu en 1995, luego de los terribles abusos que padecieron los sudafricanos negros por la política del Apartheid, podría servir de ejemplo en Nicaragua. “Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”, fue su lema. Recogieron testimonios de las víctimas, abrieron espacios públicos para que algunas relataran sus historias, victimarios confesaran sus atrocidades y pidieran perdón. El esfuerzo de reparación y compensación, aunque no perfecto, trajo estabilidad a un país lacerado.
En artículo publicado por LA PRENSA en 2001 comenté que cargamos heridas abiertas cuyos causantes se maquillan en ocasiones electoreras. Ninguna novedad, por supuesto. Los hechos están registrados en el subconsciente colectivo. Y si bien grupos cívicos barajan propuestas como crear un apacible bosque para recordar a los caídos por la violencia, necesitamos mucho más.
Para desalojar a la dictadura somocista en 1979 y la sandinista en 1989, entre 50 y 60 mil personas perdieron la vida dejando decenas de miles de viudas, huérfanos y lisiados, producto del caudillismo criollo y una guerra financiada por gobiernos extranjeros. Si tendiéramos en las calles los 60 mil cadáveres, con estatura promedio de 1,70 mts. uno tras otro, partiendo del Malecón de Managua llegaríamos hasta Masatepe.
Luego de los acuerdos de paz en Centroamérica, firmados en Guatemala en 1987, Daniel Ortega creó la Comisión Nacional de Reconciliación para “a) Verificar el cumplimiento de los compromisos en materia de amnistía, cese al fuego, democratización y elecciones libres. b) Constatar la vigencia real del proceso de reconciliación nacional. c) Constatar el respeto irrestricto de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”. Llegamos al cese al fuego y elecciones libres por decisión de las potencias que nos enfrentaron, pero rápidamente el gobierno saliente repartió bienes del Estado y juró gobernar “desde abajo”, iniciando asonadas y pasadas de cuentas, con cientos de muertos.
En mayo de 1990 el gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) aprobó una amnistía, completó el desarme de la Resistencia Nicaragüense y redujo el Ejército, pero no cumplió con crear una Comisión de la Verdad. En cambio estableció en 1992 la Comisión Tripartita, la misión era resguardar los derechos de los que se enfrentaron en los años ochenta, sus familias y repatriados.
La más reciente, instalada por Ortega en 2007 la Comisión Nacional de Verificación, Reconciliación, Paz y Justicia, para atender “las demandas y derechos largamente aplazados de las víctimas de conflictos armados”, para garantizarles tierras, créditos y demás.
Después de 28 años y tres comisiones, la tarea está pendiente. Las heridas causadas por las dictaduras somocista y sandinista, la guerra fratricida, los posteriores abusos de los que decían ser demócratas, y por Ortega en sus variantes, continúan sangrando. Y, como sabemos, nuevos atropellos son causados. Nicaragua es una fábrica de dolor e injusticias en actividad frenética.
Entre 1990 y 2003 dos opciones fueron ensayadas contra los atropellos. Una, olvidar la justicia a cambio de “gobernabilidad”, la que ha demostrado su fracaso. La otra, sacar a luz los trapos sucios, que provocó la unión de los bárbaros que forzaron el desarme de Enrique Bolaños. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Estamos condenados a vivir bajo el reino de la impunidad?
Pablo Antonio Cuadra cuando decía que Nicaragua es la patria por hacer. Otros hablan de refundar la República. En todo caso, un nuevo gobierno —que llegará tarde o temprano— debería revisar y aprender de experiencias anteriores, enfrentando con valentía y nuevas estrategias esta tragedia. No se puede construir el futuro con heridas abiertas. Es como levantar un muro con bloques rotos y sin cemento.
El autor es periodista.
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