El regreso de Daniel Ortega al poder ha significado la anulación de la protesta social o el derecho de reunión con fines pacíficos, esto por medio de las agresiones que sufren los manifestantes a manos de fuerzas de choque con la complicidad de la Policía Nacional. A esta modalidad se le suma un nuevo elemento de represión hasta ahora simbólica, la presencia del Ejército en lugares donde se ha protestado por el presunto proyecto canalero.
La presencia del Ejército es injustificada, ya que a las fuerzas armadas solo les es legítimo intervenir en situaciones que atenten contra la soberanía nacional. La Corte Internacional de Derechos Humanos estableció en el caso Montero Aranguren y otros versus Venezuela en el 2006 que: “Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales” (párrafo 78).
El objeto del despliegue territorial del Ejército es visibilizar a sus efectivos por medio de patrullaje “preventivo” o “disuasivo” para inhibir la reunión con fines pacíficos. Esto nada tiene que ver con soberanía nacional, en el peor de los casos, el surgimiento de violencia como consecuencia del ejercicio del derecho a la manifestación, esta asociado a la seguridad ciudadana. En el caso de México y Colombia han sostenido de forma acertada el despliegue de sus fuerzas armadas en tareas de seguridad relacionadas con el narcotráfico, por el uso de armas de alto poder que hacen estos grupos, el despliegue del Ejército en Nicaragua es infundado.
En su Informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de 2010, la Comisión IDH, reafirma la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana a las fuerzas policiales civiles, organizadas y capacitadas en el uso excepcional de la fuerza cuando sea estrictamente necesario. Además, establece como función legítima de estos cuerpos de seguridad, proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad, en relación con todos los ciudadanos.
Los nicaragüenses no debemos dejarnos arrebatar el derecho a la reunión con fines pacíficos, ya que en el contexto autoritario en el que vivimos es una herramienta de petición a la autoridad y al mismo tiempo un canal de denuncia pública. Es necesario que la oposición asuma un rol activo y promueva una iniciativa de ley que garantice en Nicaragua el derecho de reunión con fines pacíficos.
Los señalamientos de violaciones a derechos humanos son insuficientes, debe promoverse una iniciativa de ley que garantice este derecho retomando los estándares interamericanos de: Obligación del Estado de proteger el derecho a reunión con fines pacíficos de las personas, incluso de la violencia física que pueden sufrir de los manifestantes de “opinión opuesta”; prohibición del uso de fuerza letal; registro y control de municiones usadas en manifestaciones; registro de comunicaciones para verificar órdenes en los operativos, responsables y ejecutores; identificación de los agentes policiales que participan en el control del orden público con medios visibles; la identificación de responsables políticos a cargo de los operativos de la seguridad en la marcha; establecimiento de un sistema de sanciones con investigaciones independientes y participación de las víctimas del abuso o actos de violencia; impedir que autoridades policiales y otros operadores de justicia involucrados en el operativo, estén a cargo de las investigaciones.
Solo la implementación efectiva de estos mecanismos asegura la restitución del derecho a reunión con fines pacíficos y terminaría con la estela de impunidad que existe sobre estos casos. La represión del derecho a la reunión pacífica en Nicaragua debe parar, y si Ortega no está dispuesto a superar los conflictos de forma pacífica, porque no ve en quien protesta a una persona con derechos y sino un enemigo a combatir, la oposición es la llamada a defender este derecho fundamental.
El autor es maestro en Derechos Humanos
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
