Resulta muy triste y causa profunda pena ver fotografías de centenares de ciudadanos con profundo amor a Nicaragua salir fuera de nuestras fronteras patrias en busca de trabajo y al pie de estas fotografías la lectura de que estos compañeros se ven obligados a dejar el país por razones económicas y políticas.
La Constitución Política de Nicaragua contiene aspectos muy propios y alusivos a la vida socio-laboral de todos nosotros sin discriminación alguna; no obstante, lamentablemente y eso duele, que las disposiciones constitucionales quedan marginadas por los intereses políticos gubernamentales y eso es una violación a los derechos sociales que tutelan el derecho al trabajo de acuerdo con los vicios y grado de experiencia en materia laboral reconocida; igualmente se margina lo concerniente a los derechos de la familia, derechos que promueven vergüenza por su no cumplimiento a cabalidad, como sería deseable y en armonía con lo que expresa nuestra ley fundamental. Agreguemos a ello que la migración da cabida al desajuste familiar y quedan en total desamparo la madre, los hijos, lo mismo que los ancianos. Conocemos y no ignoramos que los ancianos han sido burlados en reclamos que ellos estiman con base legal dado al mucho tiempo que trabajaron para el Estado con mucha dignidad, honestidad y teniendo presente que “el trabajo es un derecho y una responsabilidad social” y conviene aquí dejar escrito un ordeno constitucional, que bien respaldado por el Gobierno evitaría la dolorosa migración cargada de nostalgia y algunas lágrimas dice la ley con solo el valor del papel que lo contiene: “El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de las personas y a estos mismos trabajadores se les reconocen derechos de participar en la gestión de las empresas, por medio de sus sindicatos”.
Por otro lado, nuestras leyes laborales dan la impresión de brindar protección a nuestros trabajadores en lo que está de por medio y a la cabeza de otros detalles: el salario, cero discriminación por razones políticas, religiosas o raciales. Y estar pendiente como garantía laboral la jornada de trabajo de ocho horas, pago de horas extras, vacaciones y otras normativas que están estatuidas como adorno y atractivo legal. Nuestros migrantes que se marchan al extranjero, en particular a Costa Rica y que de verdad son miles, encuentran trabajo, buenos salarios y garantías mínimas contenidas en los contratos laborales que dan respiro a la vida económica del asalariado que le facilita sin ahogo presupuestario pequeños ahorros enviados a Nicaragua para la subsistencia de la familia que se desenvuelve en los linderos de la pobreza extrema que comprende mensualmente el pago de los servicios ordinarios del hogar. Duele y causa profunda pena que estos miles de nicaragüenses dejen su hogar con la familia en total pobreza, en casos, la compañera embarazada y los menores confiados en la poca plata que viene a casa para la compra de uniformes escolares, zapatos y los textos de estudio.
El Gobierno debe, a toda costa, darle apoyo bien fortalecido a los programas laborales que solo están escritos en nuestra Constitución Política. El Gobierno de Nicaragua no debe olvidar que la Carta de Declaración Universal de Derechos Humanos tiene como compromiso vital la dignidad y la justicia para todas las personas, ya que el artículo 23 de esta declaración tiene como exigencia para su definida observación que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo y a la protección contra el desempleo”.
Mi saludo muy fraterno a los migrantes buscando trabajo en el extranjero y que Dios les colme sus deseos.
El autor es miembro de la Academia de Juristas y Ciencias Políticas de Nicaragua.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
