La profunda reforma de la Inteligencia argentina anunciada por la presidenta Cristina Fernández en medio del escándalo político por la muerte del fiscal Alberto Nisman comenzará a ser debatida en el Congreso la semana próxima, confirmaron este martes fuentes oficiales.
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, defendió como «un avance cualitativo» para el país el proyecto de ley de disolución de la Secretaría de Inteligencia y creación de una Agencia Federal de Inteligencia y avanzó que será tratado en sesiones extraordinarias en el Congreso «desde febrero».
«La creación de una nueva agencia implicará un nuevo enfoque de la inteligencia desde el punto de vista de su organización», dijo Capitanich en rueda de prensa.
El nuevo organismo tendrá como objetivo obtener y analizar información sobre amenazas terroristas internacionales, narcotráfico, trata de personas y ciberdelitos con el fin de garantizar «la seguridad y la integridad» de los argentinos, señaló.
La ley prevé que la Agencia Federal de Inteligencia deje de tener control sobre el sistema judicial de escuchas, que pasarán a depender del Ministerio Público Fiscal.
Desde la oposición denunciaron el aumento de poder de la Fiscalía, encabezada por Alejandra Gils Carbó, a quien criticaron por «seguir los designios del Gobierno» y no ser «una fiscal independiente», en palabras del senador radical Ernesto Sanz.
Capitanich anticipó que el director y subdirector del organismo serán elegidos por mayoría simple en el Senado por un plazo de cuatro años.
«Decir por qué se hace ahora y no antes (la reforma) es lo mismo que decir que decir por qué la Revolución de Mayo se produjo el 25 de mayo de 1810 y no el 25 de mayo de 1809», respondió el jefe de ministros a los opositores que ven la reforma como un intento de desviar la atención sobre el caso Nisman.
«Hay un conjunto de circunstancias políticas a los efectos de tomar una decisión estratégica. Es una deuda pendiente de la democracia», expresó Capitanich.
La reforma de la Inteligencia argentina fue anunciada anoche por Cristina Fernández en su primera comparecencia pública tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, autor de una denuncia contra la mandataria y varios de sus colaboradores por presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994.
Fernández se mostró convencida de que su muerte «no fue un suicidio» y apuntó contra exagentes de la Secretaría de Inteligencia.
